En tres años, el Estado registró al menos 25.000 armas de fuego que están en manos de civiles; además, cerca de 3.000 artefactos bélicos se “recuperaron” en poblados rurales y ciudades del país, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“El Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (Reafuc) ha censado al menos 25.000 armas en posesión de la sociedad, es un número bajo en comparación con otros países. Hay que considerar que estos registros contemplan armas de colección, cacería y deporte. De todas maneras es importante que el Estado tenga controlado el tema de las armas de fuego”, afirmó Romero a L A R AZÓN.
La autoridad explicó que ya se amplió en dos oportunidades los plazos para que los ciudadanos que tienen armamento registren esos artefactos. Por ello, se desarrollaron campañas de desarme voluntario e incluso se evaluó hacer intercambios de armas por productos tecnológicos como computadoras, pero aún no existen los recursos necesarios.
Esto se puede ejecutar en cualquier momento, como manda la ley. “Consideramos que el tema de las armas es manejable en Bolivia, porque tenemos el registro biometrizado con el sistema del Reafuc que nos permite establecer quiénes tienen armas, qué tipo y para qué”, aseguró Romero.
El primer plazo para regularizar la tenencia de armas de fuego de uso civil fue en mayo de 2016, pero la Policía Boliviana, que registra ese armamento, consideró que debía ampliarse ese plazo.
Por esto, en 2017 se volvieron a prolongar las fechas del censo de los artefactos bélicos y otros. A la fecha, el registro está vigente. La Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados regula, entre otros aspectos, la tenencia de esos dispositivos, y mediante los decretos supremos 2175 y 2344 se estableció que las personas naturales tramiten un permiso para portarlos.
Según el Ministerio de Gobierno, al menos 10.000 civiles se registraron para portar armas. Esta cartera de Estado tiene información de que en Bolivia existen más de 9.300 armas de fuego de diferentes tipos que no son registradas a la fecha.
De hecho, Romero aseguró que el Gobierno evalúa periódicamente el tema, analiza si es necesario desarrollar nuevas campañas de desarme en el país.
PREVENCIÓN.
“Sin embargo, llama la atención de que jóvenes y mujeres estén en posesión de armas, es un fenómeno que va creciendo y la futura evaluación dirá una nueva medida”, dijo Romero.
La normativa establece la extensión de autorizaciones para civiles en cuatro categorías: A, para defensa personal; B, con fines deportivos; C, para caza, y D, antiguas y de colección. Esta última es remitida a oficinas del Ministerio de Defensa.
Romero alertó que existen sectores civiles que se resisten al desarme, como Achacachi y Ancoraimes, provincia Omasuyos (La Paz). “Hemos detectado algunos factores de resistencia, pero el tiempo político no es el más aconsejable para llevar adelante medidas, por ello redefiniremos los tiempos para bajar el número de armas en manos de civiles”. Una vez que concluya la regularización del desarme voluntario, vendrá el desarme obligatorio con operativos policiales. (01/06/2019)
