Tras la advertencia que surgió de la cita en Santa Cruz, opositores y movimientos ciudadanos asumen hoy medidas de hecho con una marcha desde El Alto hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con intención de “cercar” a sus vocales en pos de su dimisión y para exigir elecciones limpias con nuevos vocales.
La reunión de cívicos con candidatos presidenciales y líderes de oposición del 24 de mayo concluyó con una declaratoria de “emergencia nacional”. El fin es hacer prevalecer el veredicto del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando se rechazó la repostulación del presidente Evo Morales que después fue aprobada por un fallo constitucional.
Ese día también se fijó como plazo el 31 de mayo para la renuncia de los vocales, quienes han descartado esa medida. El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, remarcó que sus detractores tienen los mecanismos para tramitar una queja y enumeró las causales legales que lo obligarían a dimitir: enfermedad terminal, muerte y sentencia ejecutoriada.
Los bloques que marchan este lunes insisten en plantear su desconfianza en el TSE y por ello han citado a la movilización denominada “Marcha por la democracia y el Estado de derecho”.
“Hemos convocado a plataformas ciudadanas y movimientos políticos, van a ser unos 120. Nos concentraremos a las 09.30 y vamos a bajar por la autopista hasta el Órgano Electoral”, anunció Mauricio Taboada de la plataforma Fuerza Revolucionaria.
El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, confirmó su asistencia y aseguró que “el 21 F está vivo”. Reiteró que la candidatura de Morales es “ilegal”, motivo por el cual tienen “derecho a reclamar” para conseguir “un proceso electoral justo e independiente, lo que no tenemos”.
Oficialismo. Para el ministro de Justicia, Héctor Arce, “querer descabezar un tribunal, tratarlos de delincuentes, invalidar las candidaturas ganadoras de acuerdo con las encuestas es atentar contra la democracia”, un criterio que respaldó el diputado oficialista David Ramos, quien además consideró que “es la expresión de una derrota anticipada” y que “instiga a la desobediencia civil y al desacato a la ley” de forma violenta.
El postulante presidencial por la alianza Bolivia Dijo No, Óscar Ortiz, también se movilizará, indicó, para “que se respete el voto del 21F y que haya un TSE imparcial y confiable”. Por su lado, el líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, volvió a llamar a la “unidad” para evitar “que se instale la dictadura masista y ponga en riesgo el futuro de las familias bolivianas”.
En medio de los aprestos, el activista Taboada, advirtió que algunas plataformas “se apegaron a partidos políticos”. “El 21F no se cambia por una pega”, señaló, aunque luego remarcó que “la defensa de la democracia no claudica”.
CIDH no responde a cautelar
A fines de 2018 y en medio de similares protestas por el 21F, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, y su excolega Dunia Sandoval pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para que garantice su trabajo sin presiones, pero hasta la fecha no hay respuesta.
“Hubo una presión alta al TSE”, recordó y señaló que el “fallo constitucional plantea una colisión normativa”. “Es controversial, pero tan difícil debe ser esto que hasta hoy no hemos recibido respuesta”, afirmó a Animal Político.
(10/06/2019)
