Informes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), declaraciones de testigos y las inspecciones que realizó la Policía en el lugar son algunos de los elementos que tiene la Fiscalía para sustentar el proceso contra el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de Yungas de La Paz (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, por la muerte del teniente Daynor Sandoval, ocurrida el 25 de agosto de 2018 en La Asunta.
El oficial de la Policía perdió la vida por un impacto de bala en medio de una presunta emboscada de cocaleros, mientras realizaba tareas de erradicación de coca ilegal en Los Yungas. Por este hecho, Gutiérrez fue aprehendido por la Policía.
“Son los informes presentados por Umopar, informes de testigos que han declarado hace semanas atrás, las inspecciones que han realizado al momento de la comisión de delito”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, consultado al respecto.
Aseguró que de no existir esos indicios, el dirigente no habría sido detenido. Gutiérrez permanece encarcelado preventivamente en la cárcel de San Pedro desde el 28 de agosto de 2018 por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentados contra los servicios públicos, atentados contra los servicios de transporte, porte y portación ilícita de armas, además de instigación pública a delinquir.
Los indicios, dijo Alave, serán entregados en el momento que se presente un requerimiento conclusivo –previsto hasta agosto– que posteriormente seguirá su curso en una acusación formal o un sobreseimiento.
En todo momento, la defensa del dirigente cocalero negó su participación en los hechos de violencia y argumentó que el día del deceso de Sandoval Gutiérrez realizaba otras actividades.
El Ministerio de Gobierno, como parte querellante en el caso, defendió el proceso con base en "pruebas materiales". En el juicio oral y contradictorio, se pedirá una sentencia de 30 años de cárcel para el dirigente. (15/07/2019)
