La Justicia dictó este jueves arraigo nacional para el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, en el caso de la compra de cemento asfáltico para la construcción del tramo carretero Santa Ana-Yesera que, según la denuncia, él mismo había inaugurado ocho meses antes.
“En la audiencia de medidas cautelares, se pudo acreditar con todos los elementos indiciarios presentados que el señor Adrián Oliva habría tenido participación dolosa en este hecho, toda vez que ya desde la gestión 2015 tenía conocimiento del avance de la construcción de la carretera y habiendo entregado oficialmente la misma en abril de 2016 permitió que se proceda a la compra de cemento asfáltico para ese mismo camino, casi 8 meses después”, explicó el fiscal departamental de Tarija, Aimore Álvarez.
La autoridad judicial estableció las medidas sustitutivas a la detención preventiva para el Gobernador de Tarija aplicando el arraigo nacional, toda vez que en su calidad de gobernador puede salir con facilidad del país, se lee en un boletín del Ministerio Público.
Asimismo, el juez le prohibió a Oliva establecer comunicación con los otros implicados en el caso o los testigos, y fijó la presentación de dos garantes y su asistencia una vez cada mes en oficinas del Ministerio Público.
De acuerdo con las pesquisas, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a través del Servicio Departamental de Caminos, suscribió el 12 de diciembre el contrato con la empresa G.S.Q., General Service of High Quality, representada por Jesús A. C. F., para la provisión del cemento asfáltico para la “Conclusión de Trabajos de Imprimación y Carpeta Asfáltica del Proyecto Construcción Camino Santa Ana–Yesera”.
Sin embargo, la obra había sido entregada de forma definitiva y en un acto público ocho meses antes, el 21 de abril de 2016, evento en el cual, según la Fiscalía, participó Oliva.
Bajo ese antecedente, los investigadores consideran que no existía razón para la contratación de una empresa que suministre asfalto cuando las obras ya concluyeron. (26/07/2019)
