El uso de espacios públicos y privados para actos proselitistas debe estar fiscalizado por alcaldías y autorizado, en forma escrita, por el dueño del predio, según dos de los 21 parámetros y prohibiciones dictados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Desde el 22 de julio, los candidatos de los partidos están autorizados a realizar campañas políticas en actos públicos con miras a las elecciones del 20 de octubre.
El plazo para esta labor destinada a captar votos acaba el 16 de octubre, según establece el cronograma electoral aprobado por el TSE. Dentro de los parámetros para las campañas se establece que deben llevarse en función a la normativa edil vigente en el lugar donde desarrollarán su actividad. Además, se indica que los gobiernos municipales están autorizados para establecer las sanciones respectivas a los infractores.
“Para acceder al uso de espacios de propiedad privada o particular, la organización política deberá contar con una autorización escrita previa del propietario”, ordena el tercer parámetro vigente para actividades proselitistas que se lleven adelante en el país.
En el campo de las prohibiciones, la normativa vigente restringe el uso de bienes, recursos y servicios de instituciones públicas, sean de gobiernos nacionales, departamentales o locales.
Añade que está prohibido “obstaculizar o impedir la realización de campaña electoral mediante violencia o vías de hecho, en espacios públicos de todo el país”.
CRITERIOS
Para el experto en temas electorales y exmagistrado Iván Lima, las restricciones para la campaña electoral son contrarias a la libertad de expresión que propugna actualmente la Constitución Política del Estado.
“La Constitución habla de la libertad de expresión y el Pacto de San José (del cual es signatario Bolivia) dicen que ella no debe ser restringida en época electoral, contrariamente dice que debe ser amplia y no debe ser afectada como ocurre en esta ley”.
Jorge Silva, concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), admite que “algunas restricciones pueden tocar la sensibilidad de la misma democracia y sentimientos que puedan tener algún colectivo, pero hay que respetar las normas, no queda otra”.
Eso sí, demandó a que el TSE pueda dictar cursos o seminarios a los candidatos para que no infrinjan las prohibiciones. “Muchos de ellos (candidatos) hace una semana fueron elegidos y no se percataron de estas prohibiciones, por eso también debe informarse y el TSE debe dictar un curso para saber qué se puede y que no se puede hacer”, puntualizó el concejal del MAS en la municipalidad paceña.
Ricardo Avila, dirigente departamental de Bolivia Dice No dijo que las restricciones son “muy rígidas, casi coaccionadas y no dan paso a la libertad democrática”. (27/07/2017)
