La defensa de la exgerente de la red televisiva PAT Ximena Valdivia, representada por el abogado Carlos Alarcón, asegura que ninguno de los testigos que declararon por el caso de supuestos depósitos irregulares en las cuentas de esa casa de televisión dan cuenta que el dinero es ilícito, tal como asegura la Fiscalía.
El jurista afirmó que el caso tiene un fin político para dañar la candidatura por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de cuya campaña y frente es gerente y miembro de la dirección nacional, respectivamente.
“Ya tengo las declaraciones, tengo las copias del cuaderno de pruebas y no hay un solo testigo que señale que el origen de ese dinero es ilícito, entonces quieren forzar otra trampa o celada que le tiende el Ministerio Público”, señaló este martes Alarcón en una entrevista en la red RTP.
A su juicio, los investigadores del caso “quieren forzar la declaración de la señora Valdivia” como sustento del caso debido a que las pruebas “no las consiguen por ningún lado porque no existe delito”.
La Fiscalía de La Paz imputó a la exgerente de PAT Ximena Valdivia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por supuestamente “ordenar” a funcionarios subalternos realizar “depósitos irregulares” de altas sumas de dinero a las cuentas de esa empresa de televisión entre 2002 y 2003.
Esos indicios activaron las pesquisas. Entre los depósitos están Bs 3.474. 805 y $us 195.953 por “concepto de préstamo” a PAT a nombre de la empresa ITACA SRL que tenía como socios a los mismos ejecutivos de la empresa de televisión, sin embargo, de acuerdo con los datos preliminares, ese dinero no salió de sus arcas.
Además, hay depósitos de Bs 618.400 y $us 63.000 por concepto de “anticipos y cobros de facturas de cliente” de la firma Bola Ocho, firma que según la Fiscalía tenía como socio a Juan C. V. F., hermano de la imputada.
El comunicador Emilio Martínez reveló en el libro “El caudillo ilustrado” que Mesa postuló a la Vicepresidencia en 2002 a cambio de $us 800.000 y para demostrar la denuncia publicó datos de los depósitos bancarios. El yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcazar, reafirmó que se hizo los pagos.
En el ínterin de la divulgación de esos datos, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, anunció una investigación, lo que motivó que Valdivia se querelle contra Martinez y la funcionaria por revelar datos de transacciones privadas.
Alarcón apunta a estas dos últimas personas, además de los fiscales, como los “operadores” de este plan de orden político que tiene el fin, dijo, de restar votos a Mesa, inmediato seguidor del presidente Evo Morales en las encuetas de intención de voto de las elecciones generales del 20 de octubre.
“Es un proceso plagado de ilegalidades”, aseguró el abogado tras citar como ejemplo que el fiscal Samuel Lima procesa la denuncia de Valdivia contra Morales y Martínez y a la vez actúa de oficio en contra de la exfuncionaria de PAT.
Además denunció una supuesta “emboscada” judicial del investigador. Explicó que Lima citó a Valdivia como denunciante para ratificar o no la denuncia, pero éste intentó aplicar un cuestionario como si fuera investigada.
“Lo único que debería hacer (el fiscal) es ‘señora, usted ratifica o no ratifica la denuncia’ y resulta que tenía un cuestionario que no responde a un denunciante si no a una acusada. O sea, le quería tender la trampa para que ella declare como si fuera denunciada, obviamente no podemos avalar un proceso con tamaña ilegalidad”, reclamó.
La ahora imputada se acogió al derecho al silencio, algo que fue observado por la Fiscalía. Lima dijo que la imputada hasta la fecha no ha demostrado la procedencia ni el origen de los montos económicos, según cita un boletín.
Alarcón citó el artículo 121 de la Constitución Política del Estado que establece que el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad y “resulta que la imputación que le hacen a Valdivia se basa en que la señora Valdivia hizo uso de este derecho porque no se va a prestar a esa trampa procesal con proceso abierto sobre pruebas delictivas”. (24/09/2019)
