Los siete decretos de indulto y amnistía emitidos por el Gobierno beneficiaron a 8.935 privados de libertad en el país. Con el indulto se favorecieron 5.476 varones y 1.726 mujeres; entretanto, con la amnistía 1.221 hombres y 512 féminas.
Según la información de la Dirección de Régimen Penitenciario, se emitieron siete decretos presidenciales de indulto y amnistía por razones humanitarias para los privados de libertad desde el 18 de septiembre de 2012, con el objetivo de reducir el hacinamiento penitenciario en Bolivia.
“Los siete decretos presidenciales hasta la fecha beneficiaron a al menos 8.935 privados de libertad con salidas alternativas a la detención preventiva, en todas las cárceles del país”, informó el director de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas.
La autoridad penitenciaria señaló que tanto el indulto como la amnistía estuvieron destinados a privados de libertad que cometieron faltas leves, a personas de la tercera edad o gente que presentaba problemas de salud o enfermedades terminales.
De acuerdo con datos del Censo Carcelario, hay 19.161 presos en Bolivia; de esa cifra, 1.612 son mujeres y el resto varones.
Desde que se emitió el primer decreto presidencial, los requisitos fueron cambiando; sin embargo, la base está en que quedan excluidos de la amnistía e indulto total y parcial personas acusadas por traición a la patria, espionaje terrorismo, separatismo, financiamiento al terrorismo, uso y portación de armas no convencionales, tráfico ilícito de armas, uso de armamento, asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, trata de personas, tráfico de migrantes, robo agravado, secuestros y contrabando, entre otros.
También quedaron al margen del beneficio aquellos casos en que el Estado era parte acusadora, con excepción del Ministerio Público, delitos de sustancias controladas con penas superiores a 10 años, delitos de terrorismo, genocidio, contrabando, secuestro, trata y tráfico, estafa, defraudaciones y aquellos delitos que no pueden acogerse a un indulto.
Al contrario, entre los requisitos bases para que los presos pueda acceder están las personas menores de 28 años que hayan cumplido una cuarta parte de la sentencia condenatoria; además de hombres mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años, que cumplan la cuarta parte de su condena. Asimismo, las personas que tuvieran a su cuidado a uno o varios de sus hijos o hijas menores de 12 años que cumplan también una cuarta parte de su condena y féminas embarazadas.
En ese contexto y con el objetivo de luchar contra el hacinamiento carcelario, el Gobierno en sus diferentes niveles trabaja en un nuevo decreto presidencial de indulto y amnistía, el octavo, para descongestionar las cárceles.
Villegas aseguró que ya se trabaja en el nuevo proyecto de perdón humanitario para la próxima gestión. El objetivo de la normativa es beneficiar, por razones humanitarias, a los privados de libertad con sentencia o detención preventiva, en delitos leves.
La nueva norma será elaborada también en base a los datos del Censo Carcelario, que se desarrolló en abril en las 53 cárceles del país. Este trabajo en los penales reveló una serie de deficiencias consideradas como violaciones a los derechos humanos.
