La posibilidad de abrir un espacio de diálogo político para apaciguar la crisis y los desbordes de violencia quedó relegada, pues las partes en conflicto se atrincheraron en sus demandas, además que no ven mediadores válidos para llegar al consenso.
Mientras el oficialismo reivindica la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) al cómputo electoral —como una salida institucional y democrática a la crisis—, la oposición puso sus dudas sobre este estudio y cerró filas en torno a nuevas elecciones, con otro Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los llamados al cese de la pulseta no repercuten en los frentes en disputa, sobre todo en las calles. Este jueves, el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia condenó el fallecimiento de una tercera víctima por la intolerancia y la violencia, y sostuvo que hay más de 300 heridos por esta situación.
En un comunicado, expresó su “profunda consternación e indignación ante los altos niveles de violencia”. Pidió diálogo y convocó a “todos los actores políticos reducir de manera inmediata las tensiones políticas y desestimar cualquier manifestación violenta”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), sostuvo que por ahora no se puede instalar una mesa de diálogo, pues se debe esperar los resultados de la auditoría vinculante. “El martes concluirá la auditoría, mientras tanto debería haber un desarme espiritual y una tregua hasta que se emitan los resultados de la OEA”.
Protesta. Por ello, para el oficialismo la mediación no es aún una opción. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reconoció que se vive una situación “crítica” y dijo que ahora se debe trabajar en “la pacificación y después hay que buscar una salida política, pero la salida política no puede trascender el escenario de la pacificación”.
El conflicto se instaló después de que el presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, habló de un “fraude gigantesco”. Los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) le dieron la victoria al presidente Evo Morales, quien llamó a sus bases a defender la votación.
En medio de la crisis, la OEA aceptó ejecutar una auditoría de cumplimiento obligatorio para ambas partes. En un informe preliminar, su misión de observación electoral sugirió como “mejor opción” concurrir a la segunda vuelta. Sin embargo, este organismo también no goza de confianza entre los grupos opositores. Mesa incluso adelantó que no aceptará las conclusiones del estudio de 30 expertos.
Ayer, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó que la Iglesia está dispuesta a interponer sus buenos oficios para mediar en el conflicto y así “lograr soluciones pacíficas a los días de violencia que estamos viviendo”, manifestó el monseñor Jesús Juárez. Pero ello no tuvo eco. En pasados días, la Unión Europea (UE) y la propia OEA llamaron a la pacificación y a terminar con la violencia.
Posiciones. Para Erick Landívar, delegado de Bolivia Dice No (21F), el país se pacificará cuando un renovado TSE llame a nuevas elecciones. “El problema para instalar un espacio de diálogo es la ausencia de una entidad mediadora; si bien la OEA puede actuar, su Secretario General (Luis Almagro) fue cuestionado por las declaraciones que hizo en favor del Gobierno. Sobre la Iglesia Católica, algunos representantes tienen posiciones a favor del Ejecutivo”.
Edwin Herrera, senador electo de CC, afirmó que la solución a la crisis está en manos del Gobierno, pues deberá allanar la vía hacia nuevos comicios, bajo la administración de otros vocales. “Si el Gobierno responde a esto de manera positiva, se puede abrir un espacio de diálogo y así pacificar el país”.
El vicepresidente Álvaro García cerró ayer cualquier otra posibilidad por el momento para salir del conflicto que no sea el informe de la OEA, para ir al diálogo. Mientras que el cívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien se puso a la cabeza de las protestas contra el Gobierno, dejó en claro que cualquier solución debe ser discutida de cara a la población, bajo la consigna de la renuncia de Morales.
(08/11/2019)
