El gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez aprobó el 15 de noviembre un decreto que autoriza la erogación de 34,7 millones de bolivianos para “equipamiento” de las Fuerzas Armadas, haciendo notar, entre aspectos de los considerandos, que la institución armada tiene “la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden público”.
El decreto tiene el número 4082 y está publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia. Fue aprobado el 15 de noviembre con la firma de Áñez y sus 17 ministros de Estado posesionados hasta ese entonces.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs34.796.098.- (TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS), a favor del Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas”, refiere el artículo 2.
Entre los considerandos que justifican la norma están que la Ley “Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, señala que para el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas tienen, entre otras, la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado”.
Otro refiere: “Que el Artículo 5 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, dispone que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados”.
Un día antes del 14, fue aprobado el decreto que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se dan protesta en apoyo a Evo Morales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave el contenido de esa norma.
Mientras que el Gobierno lo defendió. El ministro de Defensa, Fernando López, cuestionó al organismo internacional por criticar la norma sin tomar el contexto y situación que se vive en Bolivia con actuación de grupos armados.
