En la Comisión de Constitución del Senado se volvió a ingresar en un cuarto intermedio, pero con avances importantes ya en dos temas centrales de la ley de convocatoria a elecciones y restando acuerdos solo en otros dos: tiempo de mandato de los vocales electorales y si las elecciones serán abiertas para todos o restringidas a los que participaron en la última justa.
A partir de los avances, el senador y miembro de la Comisión Óscar Ortiz expresó su confianza en que la ley sea aprobada en las próximas horas en la Comisión y en el pleno del Senado, para inmediatamente remitirla a Diputados para similar trámite y posterior promulgación por parte de la presidenta Jeanine Áñez.
Hay ya un acuerdo entre las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Unidad Demócrata (UD) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) sobre elecciones con un padrón electoral saneado y la renovación del conjunto de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los nueve tribunales Electorales Departamentales (TED). Son consensos sobre la base de dos propuestas de ley.
Restan acuerdos, que podrían materializarse este viernes, en el tiempo de mandato de las nuevas autoridades electorales; unos, como Áñez, plantean que sean designados por seis años, como manda la Constitución, y otros que solo administren las elecciones próximas. El otro tema en discusión está referido a la participación política en las elecciones.
Mientras unos plantean que solo participen los partidos y alianzas que terciaron en las justas del 20 de octubre, otros sugieren que sea abierta a todos los partidos y alianzas. Los legisladores de las tres fuerzas políticas debatirán este viernes los dos temas pendientes.
En ambas cámaras legislativas eligieron nuevas directivas con el aval de las tres fuerzas con representación política, luego de una serie de diferencias e impasses. Diputados espera el proyecto de ley aprobado en el Senado para iniciar su tratamiento. Su presidente, el diputado Sergio Choque, anunció que trabajarán por tiempo y materia para aprobarla.
Antes deberán anularse formalmente las elecciones del 20 de octubre, que ganó en primera vuelta Evo Morales en medio de denuncias de fraude. Un informe preliminar de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció que hubo irregularidades, lo que agudizó un conflicto alentado por cívicos y partidos de oposición que orilló a Morales a dimitir y asilarse en México.
