“Podemos derogarlo, no es una charla de sordos, lo derogamos, damos un paso”. Así, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, abrió la posibilidad de derogar el decreto que libera de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas que participen en operativos de seguridad interna cuando actúen en defensa o "estado de necesidad".
En su artículo tercero, el decreto 4078, aprobado por la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete de ministros el 14 de noviembre, deterina que “El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el artículo 11 y 12 del Código Penal, la Ley 1760y el Código de Procedimiento Penal”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”.
Justiniano insistió durante una entrevista con la red ATB que “el uso de la fuerza militar fue absolutamente proporcional” a las dinamitas que usaron manifestantes en las protestas que dañaron parte del muro perimetral de la petrolera estatal YPFB en Senkata, zona de El Alto, y dañaron vehículos.
Alertó del riesgo que representaba el uso de explosivos en una zona inflamable.
Las movilizaciones que este jueves toman La Paz y que provienen de varios puntos de El Alto además del pedido de justicia por los ocho fallecidos por bala, exige la derogación del decreto.
En Sacaba, Cochabamba, una refriega similar se saldó con la muerte de nueve personas. (21/11/2019)
