La tensión se sentía en el hostal de El Alto donde se improvisó la conferencia de prensa de la misión argentina Solidaridad con Bolivia, que presentó este sábado su informe preliminar sobre la misión de observación de la situación de derechos humanos durante las protestas que golpearon al país. La delegación denunció una serie de contravenciones a los derechos humanos, entre ellos, tortura y “abusos sexuales graves”.
“Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad”, reseña el informe que leyeron los activistas liderados Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien insistió, al igual que sus compañeros, en que en el país hubo un golpe de estado.
Ese extremo fue rechazado por la presidenta Jeanine Áñez en reiteradas ocasiones, incluso frente el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia. Sus colaboradores también lo hicieron de la misma forma.
El informe puntualiza que “el miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia”.
El activista de Derechos Humanos en El Alto, David Inca, reveló que existen personas heridas por bala que no acudieron a los centros de salud para recibir atención médica, por ello ha urgido ayuda a la Cruz Roja.
Aunque los activistas argentinos no presentaron pruebas de sus denuncias, aseguraron que cada uno de los 12 acápites tiene sustento y se divulgarán en unos 15 días junto con el informe final.
La misión remarcó que “se tomaron testimonios, no obstante, “no pudo realizar la totalidad de las actividades por las amenazas explícitas del ministro de Gobierno de facto Arturo Murillo y grupos de choque civiles”.
Murillo ratificó el viernes que no se permitirá actividad sediciosa y advirtió que la delegación argentina es vigilada de cerca. “En el primer paso en falso que den, tratando de hacer terrorismo o sedición, se las van a ver con la Policía. La misión dejó el país.
Asimismo, la delegación considera que la apertura de un proceso electoral que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy consideran vulnerados.
Para ello —aseguraron— será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral. (30/11/2019)
