El procurador del Estado, José María Cabrera, informó que propuso a la presidenta Jeanine Áñez, levantar el secreto sobre la contratación de abogados internacionales para la defensa legal del Estado en tribunales del exterior y reveló que datos preliminares dan cuenta que se destinó más de $us 18 millones en la contratación de esos bufetes para diferentes arbitrajes.
Durante el gobierno de Evo Morales se aprobó un decreto que establece la reserva en todo lo concerniente a la contratación de abogados internacionales, pero no solo eso, sino que la contratación era directa y sin ninguna comparación de costos y calidad de defensa, dijo. Lo que ahora se busca es revertir esa situación que no tenía justificativo.
Cabrera explicó en una entrevista en el programa Jaque y Mate del canal universitario que el lunes envió a la presidenta Áñez una propuesta de decreto para anular la norma que fija el secreto en la contratación de bufetes de abogados para la defensa de los intereses del Estado en juicios internacionales.
“Utilizaba el eufemismo legal de contratos reservados o confidenciales, cuando en la práctica se tradujo en un secretismo absoluto. Ni siquiera esos contratos eran protocolizados ni inscritos en el Sistema de Contrataciones Estatales ( SICOES)”, explicó y reveló que cuando se aceptó la protocolización lo hicieron en consulados en el extranjero.
Para Cabrera lo que debió primar es la contratación de bufetes previa comparación de precios y calidad. Justamente, dijo, la nueva normativa apuntará a esa línea de acción.
De acuerdo a datos preliminares, en los últimos cinco años, se destinaron $us 18.621.578 para cancelar honorarios a bufetes internacionales, peritos y costos de arbitrajes.
Bolivia contrató a abogados internacionales para la defensa de los intereses del Estado en proceso planteados por, principalmente, empresas que fueron afectadas por el denominado proceso de nacionalización. Cabrera sostuvo que actualmente restan proceso que representan una demanda de al menos $us 1.000 millones.
Esa política también rigió en la contratación de los abogados que defendieron a Bolivia en la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El fallo salió adversos a los intereses nacionales y estableció que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al Pacífico.
