La Defensoría del Pueblo a cargo de Nadia Cruz cuestionó las declaraciones de la presidenta Jeanine Áñez, quien en un acto público en Sucre urgió impedir el retorno de los “salvajes” al gobierno de Bolivia, en alusión al anterior gobierno.
La mandataria, asimismo, cuestionó el proceso judicial por los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando una turba obligó a campesinos a marchar y arrodillarse, por lo que se activó un caso por el delito de racismo que apuntó a varias autoridades regionales.
Cruz señaló que la Defensoría del Pueblo cuestiona toda declaración y discurso que promueva o justifiquen actos de racismo y toda forma de discriminación, más aún, si éstos están dirigidos a una población vulnerable como son los pueblos indígena originario campesinos, según un boletín publicado por esa entidad.
Además, manifestó su compromiso de velar por el respeto de los derechos de las poblaciones y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como son las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Durante un acto protocolar el 3 de enero en el que fue distinguida por la Alcaldía de Sucre, Áñez calificó este hecho como “una de las mayores injusticias con los ciudadanos de Sucre” y como “una acusación perversa”.
“Esa infundada acusación de racismo, esa acusación ha estado basada en la manipulación, ha estado basada en la tergiversación de los hechos que tenían como objetivo alentar una falsa división, un enfrentamiento entre todos los bolivianos, esa ha sido una práctica recurrente en los gobernantes que se fueron”, sostuvo.
La Presidenta hizo esa referencia luego de que la alcaldesa de Sucre, Rosario López, pidiera en el mismo evento que se derogue la ley que declara el 24 de mayo, víspera del aniversario cívico de Chuquisaca, como Día Nacional contra el Racismo y toda Forma de Discriminación.
A juicio de la autoridad edil, “todos sabemos que los campesinos fueron humillados por su propia gente”.
Al respecto, Cruz manifestó que las y los bolivianos no pueden olvidar aquella fecha en la que los campesinos fueron agredidos, física y verbalmente, por un numeroso grupo de personas por defender sus ideas políticas, según el mismo boletín.
En el mismo documento rememora que los indígenas fueron obligados a marchar semidesnudos, a arrodillarse y besar el suelo cerca de la Casa de la Libertad en Sucre; a presenciar la quema de un poncho y la wiphala (símbolo indígena) y ser presionados para salir de la ciudad.
Recordó que la promulgación de la Ley Nº 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, fue el resultado de esos hechos lamentables, y que se pudo enjuiciar y sentenciar a varias exautoridades sucrenses que fueron parte de las movilizaciones de ese 24 de mayo de 2008.
En ese marco, Cruz dijo que se debe recordar que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada mediante por el Estado boliviano con la Ley 1978, establece en su artículo 2 que los Estados se comprometen a seguir una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas; a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones.
Asimismo, citó el artículo 5 de la misma convención que “establece que el Estado debe garantizar el goce de los derechos civiles, entre otros, la libertad de pensamiento, libertad de opinión y de expresión”.
De igual manera, destacó el parágrafo II del artículo 14 de la Constitución Política del Estado que establece que el Estado boliviano prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de color, origen, cultura, idioma, ideología, filiación política, condición económica o social, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. (07/01/2020)
