El Gobierno vio innecesaria la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos y de Garantías Constitucionales que fue sancionada este martes en la Cámara de Diputados y ratificó su envío a una consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Nosotros consideramos que es una ley innecesaria, inconstitucional. En la misma Constitución garantiza los derechos de los ciudadanos, no se tiene por qué hacer una nueva ley y además vulnera la independencia de poderes”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez.
Ni bien llegue el documento al Ejecutivo, anunció su envío a consulta ante el TCP para que sea esa instancia la que establezca que la norma en cuestión es una ley que "prácticamente ya establece la Constitución y, por tanto, tiene que ser rechazada”.
Cuestionó que con esa ley se busque garantizar la impunidad para favorecer a las exautoridades de la administración de Evo Morales y aseguró que la administración de Jeanine Áñez no incurrirá en la injerencia sobre el Poder Judicial.
“El Poder Ejecutivo no puede tener injerencia sobre el Poder Judicial si no estamos en lo mismo, estamos repitiendo lo que hacía el anterior gobierno, o sea de que la Justicia esté atornillada a los intereses de Palacio de Gobierno o el Órgano Electoral”, señaló.
La norma extiende su alcance a extranjeros y establece que debe garantizarse la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, además para las personas movilizadas del campo y la ciudad.
La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió con promulgar el proyecto de ley en caso de que Áñez no lo haga en un plazo de 10 días, como establecen las normas vigentes, e insistió que en ninguna parte del documento se habla de defender la impunidad o un encubrimiento de delitos que hayan cometido exautoridades. (15/01/2020)
