Uno de los principales acusados de violación grupal en Santa Cruz, Alejandro S., logró beneficiarse con libertad condicional, pese a que el gobierno de Jeanine Áñez había pedido impugnar esa decisión judicial el 30 de enero. Se conoce que desde hace dos semanas está gozando de libertad, tras cumplir con requisitos como el pago de una fianza de Bs 30.000.
La decisión judicial desató críticas en la defensa de la víctima y en el propio Gobierno. El hecho ocurrido en diciembre de 2018 en Santa Cruz conmocionó a la sociedad por la brutalidad y las circunstancias del vejamen, que –según las investigaciones- fue cometido en un motel en medio del consumo de alcohol y drogas.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó a la red Unitel que hace dos días ya tenía conocimiento de la libertad de Alejandro S. y que solicitó al Consejo de la Magistratura intervenir en este caso con una supervisión y fiscalización de la actuación de las autoridades judiciales por los potenciales riesgos de obstaculización y fuga.
“Nos vamos a constituir en parte denunciante en contra de los vocales y fiscales que estén actuando en contra de la ley”, advirtió Coimbra, quien cuestionó el accionar de los operadores de justicia, particularmente, en Santa Cruz.
El 30 de enero ya se conoció de la resolución judicial de libertad para uno de los principales acusado en el caso conocido como La Manada. En ese entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que la presidenta Jeanine Áñez instruyó impugnar la decisión judicial por considerarla una “burla” frente a la gravedad de lo ocurrido.
“Vamos a exigir que se haga una auditoría de todo lo que está pasando y vamos a pedir que se castigue con la mayor rudeza que se pueda dar al juez que haya cometido un delito sobre este tema”, advirtió Murillo en ese entonces, en una conferencia de prensa en Santa Cruz.
Jessica Echeverría, abogada de la familia de la víctima, lamentó lo ocurrido y lo vinculó a una devolución de favores del juez que otorgó la libertad a Alejandro S. con el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, quien asumió la defensa de los acusados de la denuncia de violación grupal.
“No podemos tener en la Justicia Vocales que vulneran los derechos de las Víctimas, que ignoran las leyes y los tratados internacionales, que las revictimizan y piensan que "30.000 Bs es suficiente" y minimizan algo tan aberrante y repudiable como es la Violación; uno de los delitos más graves”, cuestionó la jurista en su cuenta de Facebook.
Ese hecho ocurrió en diciembre de 2018. La joven, entonces de 18 años, salió junto a los cinco sindicados, entre ellos Alejandro S. y un menor de edad, a un centro nocturno, de donde fueron expulsados porque fueron descubiertos consumiendo drogas. Se fueron a un motel y ahí, según la denuncia, vejaron a la menor que estuvo en terapia intensiva.
