Siete abogados contratados en el gobierno de Evo Morales continúan en la defensa de los intereses bolivianos en el juicio chileno por derechos sobre el Silala. La canciller Karen Longaric informó que se apartaron del caso cinco juristas por conclusión de su contrato y descartó que haya vulnerado la reserva del caso.
“Algunos ya cumplieron contrato el año pasado, cinco abogados cumplieron su contrato el año pasado y hoy quedan siete abogados contratados por el anterior Gobierno que siguen trabajando con nosotros, esta Cancillería no ha contratado ni un solo abogado nuevo, absolutamente a nadie", afirmó.
Las declaraciones de Longaric surgen luego que el excanciller Diego Pary denunciara el lunes que el gobierno de Jeanine Áñez utilizó con “fines electorales” los documentos de la defensa del Silala. Aseguró que el Estado se encuentra “desprotegido” en el proceso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras alejamiento de los abogados internacionales.
De acuerdo a Longaric siete abogado contratados en el gobierno de Morales continúan trabajando en la defensa del Estado boliviano y descartó que se haya vulnerado la reserva del proceso luego de revelar que el gobierno de Morales hubiera aceptado en los alegatos escritos que el agua del Silala es compartido con Chile, país que mantiene esa tesis.
"En mi calidad de Canciller, como profesora de Derecho Internacional, como jurista internacional que conozco los límites que me impone la ley, quiero decirles que yo no he violado ninguna prohibición que estuviera establecida en el reglamento de la Corte", sostuvo.
Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por derechos sobre el agua que se encuentra en la fronteriza Quetena Chico, Potosí. La administración boliviana defiende que ese recurso fue desviado artificialmente hace más de 100 años al vecino país al amparo de una concesión de ese entonces y que ahora se encuentra anulada.
Santiago, por el contrario, plantea que ese recurso hídrico es parte de un río internacional y que tiene derecho a su aprovechamiento. El presidente Sebastián Piñera celebró la revelación del gobierno de Áñez, porque respalda la tesis planteada en el juicio instaurado en 2016.
"El último actuado procesal que hubo en la Corte Internacional de Justicia se llevó a cabo en septiembre del año pasado, en septiembre de 2019, el siguiente actuado procesal va a ser aproximadamente en seis o siete meses, momento en el cual la Corte nos va a notificar", explicó la Canciller.
Los alegatos escritos concluyeron y ahora se está a la espera de la fecha del inicio de los alegatos orales, la última fase antes de la sentencia.
