En respuesta a la delegación de Bolivia, que acusó a México de “injerencia” respecto de la petición de un nuevo informe a la OEA sobre las elecciones de octubre, este Estado aclaró que su solicitud solo busca un “cabal” cumplimiento de la Carta de la OEA sobre la situación de La Paz.
La semana pasada, los expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT, en inglés) John Curiel y Jack R. Williams difundieron un análisis en el blog The Monkey Cage, alojado en el diario The Washington Post, sobre el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que encontró “graves irregularidades” en las elecciones de octubre de 2019 y que precipitó la renuncia de Evo Morales y causó protestas en el país.
“No hay ninguna evidencia estadística de fraude, concluyeron los expertos del MIT que hicieron el estudio de manera independiente.
Ante las dudas que generó el análisis sobre la validez del informe de la OEA, México solicitó a la OEA una comparación escrita de los documentos, petición que molestó al gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El miércoles, en su intervención en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el delegado boliviano Ramiro Jáuregui defendió la postura del gobierno de Áñez sobre el caso y denunció a México de ser parte de “graves actos de intromisión directa en asuntos de Bolivia sin que nadie le haya atribuido ningún derecho a participar en un tema que corresponde exclusivamente a los bolivianos”.
En la réplica, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, rechazó los argumentos. La solicitud que nos ocupa fue planteada “con la única finalidad de promover el cabal cumplimiento de los principios y postulados de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y ejerciendo la potestad que ésta le reconoce a los Estados de escrutar la labor de la Secretaría General, en su artículo 91 B de la carta”, dijo.
La norma que alude México señala: Corresponde al Consejo Permanente “velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General y, cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de índole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus funciones administrativas”.
“Si bien la nota presentada se refiere a un caso en específico, la solicitud de México debe ser entendida en un contexto amplio de legítima preocupación por el correcto desarrollo de las actividades de la Secretaría General”, insistió Baños Rivas.
El jueves 27 de febrero, México pidió una respuesta escrita a la OEA, “que aclare las discrepancias entre el análisis contenido en la nota de The Washington Post (elaborada por dos expertos del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del MIT) y el análisis de la OEA”.
La embajadora Baños Rivas expuso los argumentos de su país al respecto. “Estamos convencidos de que un ejercicio externo de verificación, como los que la propia Secretaría General impulsa en otros temas, redundará muy positivamente en el cumplimiento de los mandatos que los Estados han dado a la Secretaría General en materia electoral, mandatos que México ha tradicionalmente apoyado en su concepción como en su ejecución”, dijo el miércoles.
Las relaciones entre México y Bolivia están en suspenso por una serie de incidentes desde la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019, cuando horas después éste se asiló en México junto al que fuera vicepresidente Álvaro García.
El 30 de diciembre del año pasado, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, anunció en rueda de prensa la expulsión de le embajadora de México, María Teresa Mercado, por incidente en su residencia de La Rinconada en La Paz que involucró a dos diplomáticos y cuatro agentes españoles.
El 27 de diciembre, la encargada de Negocios español Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, con el apoyo de cuatro policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), visitaron de cortesía a la embajadora Mercado.
Longaric había señalado tres días después que los “presuntamente diplomáticos encapuchados y armados”, como la embajadora Mercado, fueron declarados personas no gratas y a las que les solicitó “que abandonen el país en un plazo de 72 horas”. (05/03/2020)
