En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Haití, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reveló que las Fuerzas Armadas y la Policía se niegan a dar información de sus actuaciones en las jornadas de violencia postelectoral, bajo el amparo del decreto que eximió a militares que participaron de los operativos de restablecimiento del orden de procesos penales.
“El tema de reservado y secreto, tenemos acá (muestra el celular) las constancias formales y escritas de las Fuerzas Armadas, que señalan que se van a amparar en ese decreto (4078) y que ellos no van a revelar esa información ni Policía ni Fuerzas Armadas respecto a quienes participaron (de los operativos)”, afirmó en la audiencia.
Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que el 16 de noviembre alertó sobre la vigencia del decreto 4078, aprobado por el gobierno de Jeanine Áñez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen de los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se daban protesta en apoyo a Evo Morales.
El 14 de noviembre fue aprobada esa norma. El 15 de ese mes las fuerzas combinadas policiales y militares impidieron en Sacaba que una marcha de cocaleros entre a la ciudad de Cochabamba en medio de un conflicto que dejó 10 muertos por herida de bala. El 19 del mismo mes, en Senkata, actuaron las fuerzas combinadas con el saldo de nueve muertos a bala.
El Gobierno respondió en varias oportunidades que en esos casos no hubo disparos desde las filas policiales o militares. En la audiencia, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, no hizo referencia en la réplica a la revelación de Cruz y se limitó a señalar que hubo acuerdos con los familiares de los 35 muertos y de los heridos.
El procurador del Estado, José María Cabrera, cuestionó en la audiencia el accionar de Cruz y la relacionó con el gobierno de Evo Morales. Puso énfasis en que es interina y que planteó temas que no estaban previstos, lo que pone al Estado –advirtió- en la indefensión.
Ante una serie de cuestionamientos, el Gobierno de Áñez informó el 28 de noviembre que el decreto 4078 fue anulado, tras una evaluación y constatación del levantamiento de las protestas de sectores sociales en favor de Morales, quien dimitió el 10 de noviembre y hoy se encuentra asilado en Argentina.
"Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la pacificación", explicó ese día Áñez.
Cruz cuestionó que se haya cerrado la posibilidad de acceder a información policial y militar bajo el amparo de ese decreto que ya no está vigente. “Mi pueblo necesita justicia, necesita saber quién disparó, de qué forma y por qué han asesinado a 35 personas”, demandó.
“La Defensoría del Pueblo solicita a la Comisión que inste al gobierno a responder ¿Por qué a la fecha no existe la identificación de los responsables de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal?”, cuestionó Cruz.
