Un cruce de ataques caracterizó este viernes la comparecencia de los representantes del Gobierno y de la Defensoría del Pueblo en una audiencia en la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH) en Haití.
El Gobierno estuvo representado por autoridades como el Procurador, José María Cabrera, y el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, mientras que en el otro frente estaban la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y el delegado defensorial en Cochabamba, Nelson Cox.
Desde la Gobierno se buscó desacreditar a la Defensoría del Pueblo al acusarla de estar alineada al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y de guardar un "silencio cómplice" en algunos hechos de violencia o ante sucesos como la denuncia de fraude electoral del pasado 20 de octubre.
En contraofensiva, Cruz advirtió que en Bolivia continúa la violación de derechos y la violencia excesiva; además precisó que ninguno de los acuerdos de paz firmados en diciembre pasado fueron cumplidos por el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez y llamó a la CIDH a enviar el Grupo de Expertos (GIEI) para seguir con la investigación de los sucesos de octubre y noviembre.
"Llama poderosamente la atención de la aparición en escena de la doctora Nadia Cruz Tarifa, quien es la defensora del pueblo interina y que asumió funciones luego del defensor del pueblo (David) Tezanos (…). Nada dijo la defensoría del pueblo, tomada por el Socialismo del Siglo XXI, cuando el expresidente Evo Morales desconoció y negó los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y nada dijo ni hizo frente al fraude electoral del 20 de octubre de 2019 violatorio de derechos humanos de más de 12 millones de bolivianos", increpó Cabrera, en el 175 Periodo de Sesiones de la CIDH en Puerto Príncipe, Haití.
En la sesión, donde se debatió la situación de los derechos humanos, Cruz acusó a sus interlocutores de una aparente misoginia por sus ataques y cuestionamientos sin respaldo, más cuando no cumplieron con los compromisos asumidos con las víctimas de Sacaba y Senkata.
"Mal podemos decir que nos encontramos en un proceso de pacificación en curso cuando la violencia sigue latente, el día de ayer (jueves) se registraban manifestaciones y represión excesiva de la Policía boliviana", recordó y denunció que "en Bolivia, desde el 20 de octubre de 2019 a la fecha, se ha incumplido la obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal, igualdad ante la ley, protección judicial y libertad de pensamiento y expresión".
Cruz solicitó a la Comisión la presencia en el país del Grupo de Expertos (GIEI) para continuar con las investigaciones sobre lo ocurrido entre octubre y noviembre del pasado año, que derivó en 35 personas muertas y 833 heridas.
Coimbra presentó un informe que detalla las "graves violaciones" a los derechos humanos durante los 14 años que gobernó Morales. Detalló el fraude electoral, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y denunció actos terroristas.
“El régimen mató a más de 100 personas a causa de sus convicciones políticas; generó más de 1.000 exiliados; promovió una fuerte discriminación racial y política; ataques a periodistas y medios de comunicación; violó el debido proceso y la negación de acceso a la justicia contra quienes tenían ideas políticas distintas; criminalizó instituciones y organismos que disentían de la ideología del Gobierno; sometió al Órgano Ejecutivo a los órganos Legislativo, Judicial y Electoral; y suspendió de manera ilegítima los derechos políticos", denunció.
Cruz advirtió que el Estado no cumple las medidas cautelares emitidas por la Comisión en favor de dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo y pidió a la CIDH que recomiende la adopción de medidas, como el cese la persecución judicial, que se garantice el ejercicio de los derechos políticos de ex autoridades y de dirigentes de organizaciones sociales. (06/03/2020)
