La tensión se apoderó del campamento Tata Santiago en la localidad de Pisiga, fronteriza con Chile. Allí, 480 compatriotas que retornaron del vecino país, con la intención de volver a sus hogares en Bolivia, se encuentran en cuarentena por 14 días para verificar que no tengan síntomas del coronavirus; con protestas, pidieron al Gobierno que les provea alimentos y artículos de higiene.
Mediante un video difundido este martes por el canal RTP, Alejandra Tintaya, una de las connacionales que se encuentra en el lugar, denunció que “parece que las autoridades de gobierno nos hubieran confinado en un lugar inhóspito, en el que no se puede vivir, no hay la alimentación correcta, estamos comiendo muy poco. Los dolores de cabeza y de estómago son constantes en este sitio”.
La gente que aparece en el video grita “¡Queremos salir!”, ante la mirada de los militares.
“Hay mamás con sus wawas, piden alimentos y cosas básicas de higiene que no tenemos hasta ahora. Ante esto, como el Gobierno no nos está escuchando, los compañeros están pidiendo salir, prefieren estar en sus casas si el Gobierno no nos va a atender o nos va a dejar aquí morir, prácticamente”.
El sábado, 480 bolivianos que se encontraban parados en la localidad chilena de Huara, volvieron a Bolivia bajo la condición de someterse a un proceso de cuarentena, antes de darles el aval para retornar a sus hogares.
Entonces, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que el campamento contaba con los servicios básicos, aunque admitió que había cosas que perfeccionar.
En otro video que está en las redes sociales de La Razón Digital, se ve a los compatriotas en Pisiga y una voz narra: “Los repatriados ante falta de comida, de cuestiones básicas, estamos protestando.
Al parecer militares van a entrar para reprimirnos, están con armas. Esperemos que no pase eso, estamos aquí, ya no podemos aguantar la situación de hambre, no tenemos cosas básicas”.
El lunes, en un comunicado difundido por la organización Mujeres Creando, los bolivianos en Pisiga indicaron que sufren hambre y que varias personas, entre ellas niños, presentan dolores de cabeza y de estómago, por lo que se solicitó que se los someta a pruebas de detección del coronavirus, que ya lleva 14 decesos en Bolivia: siete en La Paz, cinco en Santa Cruz y dos en Cochabamba.
“Hoy lunes, 6 de abril, a tres días que los varados en Chile llegamos a Pisiga, denunciamos que las condiciones en la que nos encontramos son lamentables. Desde el momento en que ingresamos al campamento de Pisiga nos retuvieron el carnet de identidad. Las autoridades gubernamentales no pueden garantizarnos la alimentación. Las raciones que nos dan son muy escasas”.
Paralelamente, desde el lunes apareció otro grupo de unos 300 bolivianos que desde Colchane, en el lado chileno, pide también entrar al país.
Sin embargo, el Gobierno, mediante el director general de Migración, Marcel Rivas, denunció que entre ellos hay gente pagada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que busca generar confrontación y quebrar la cuarentena en Bolivia y en Oruro.
La canciller Karen Longaric ratificó este martes la acusación. “Hemos visto que hay un grupo que está aprovechando la coyuntura para hacer política y son activistas del MAS que están tratando de romper la cuarentena que están pasando nuestros compatriotas en la población de Pisiga.
Eso sería muy peligroso y las instancias gubernamentales van a tomar cartas en el asunto”.
Más voces del partido de Evo Morales rechazaron la sindicación. La presidenta del Senado, Eva Copa, lamentó las declaraciones del Gobierno, en momentos en que se precisa hallar soluciones conjuntas ante la pandemia del COVID-19.
“No queremos llegar a lo que pasa en Europa, en España, en Ecuador. Es muy lamentable buscar culpables por las malas decisiones que se tomaron”.
“Lo que se requiere es coordinación, estrategias para que los compatriotas retornen al país y darles las condiciones para que cumplan la cuarentena. Se están violando derechos humanos, cada boliviano tiene derecho de volver a su nación, y lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir. No busquen excusas, no hagan campaña, no usen esto como excusa de decisiones no correctas”.
Mientras que la diputada Concepción Ortiz, del MAS, exigió que el Ejecutivo presente pruebas sobre sus afirmaciones.
“Tienen que comprobar que estamos pagando. Es una acusación muy dura, cuando en este momento tenemos que trabajar todos juntos, tal como lo está haciendo el MAS en la Asamblea”. (07/04/2020)
