Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación y demandó del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, una aclaración acerca de las acusaciones y acciones que se tomaron en contra de 67 personas, a las que la autoridad tildó de “actores políticos” que propician “movimientos de desestabilización y desinformación”, que protagonizan una “guerra virtual” en redes sociales y que atentan contra la salud.
Hasta la publicación de este artículo de prensa, no hubo un pronunciamiento oficial de parte de Murillo. Desde su despacho se informó que la autoridad se pronunciará en las próximas horas al respecto.
La organización internacional, a través de un comunicado de prensa, le solicita que clarifique públicamente si los procesos penales iniciados en contra de esas 67 personas tienen como base legal el artículo 13 parágrafo II del Decreto Supremo 4200; los hechos y tipos penales que se atribuyen a los procesados y las circunstancias de las detenciones de éstos.
“Amnistía Internacional considera que dados los antecedentes de amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’; el lenguaje utilizado por el Ministro de Gobierno podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”, señala el documento.
El 15 de abril, Murillo informó que mediante un patrullaje virtual, el Ministerio de Gobierno identificó a 67 personas que “promovían movimientos de desinformación” en las redes sociales y la Fiscalía los aprehendió. Para 37 de los aprehendidos se dictó una condena rápida por atentar contra la salud.
Ya el 8 de abril de este año, Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Bolivia derogar el artículo 13. II del Decreto Supremo 4200 al considerar que viola el derecho a la libertad de expresión, al establecer que serán procesados por delitos contra la salud pública quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”, sin especificar los actos que serán tipificados de esta manera. Esto, además permitiría a las autoridades procesar penalmente a trabajadores de la salud, periodistas o líderes políticos que expresen opiniones críticas hacia las políticas del Gobierno.
(18/04/2020)
