El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reclamó que quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos callen sobre los excesos que cometen ciertos dirigentes sindicalistas al someter y perjudicar a poblaciones enteras, y lamentó que las críticas se dirijan solo en su contra y en contra de la labor de la Policía.
Un grupo de 84 policías –que había ingresado al trópico de Cochabamba para reforzar el control de la cuarentena– fue expulsado de Shinahota la noche del jueves por una numerosa turba en medio de insultos y amenazas. Al día siguiente, y arguyendo falta de seguridad, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) informó del cierre de las sucursales de todas las entidades bancarias que operan en esa región, en momentos en se pagan los bonos creados por el Ejecutivo para mitigar los efectos de la pandemia.
Murillo responsabilizó de la acción a “sindicateros defensores de delincuentes” que trafican con tierras y drogas y dijo que esperaba que la población se disculpe con los uniformados para que retornen al lugar y reasuman sus labores.
“Es hora que la población se dé cuenta el daño que hacen esos dirigentes, lo criminales que son esos dirigentes, nosotros condenamos eso. Nos preguntamos dónde están los defensores de los derechos humanos, dónde, por qué no se preocupan por esa pobre gente que no puede cobrar (su bono). Solo sirven para perseguir a la Policía, al ministro de Gobierno y acusarnos de todo, buscar la confrontación”, declaró Murillo este domingo, en conferencia de prensa.
Reacciones en diversos ámbitos
Los sucesos de esa jornada y otros hechos noticiosos de días anteriores vinculados a la labor de Murillo generaron reacciones en diversos ámbitos.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se manifestó sobre lo acontecido en el trópico cochabambino. El viernes, Cruz rechazó la expulsión de los policías pero indicó que la acción fue protagonizada únicamente por “un grupo reducido de pobladores” y advirtió que la tensión pudo haber “desencadenado hechos de violencia y confrontación”. Ante los eventos instó a dirigentes y al Gobierno a “dialogar”.
En otro caso, Amnistía Internacional (AI) pidió públicamente a Murillo el sábado aclarar las acusaciones y medidas que se tomaron en contra de 67 personas a las que la autoridad tildó de “actores políticos” que propician “la desestabilización”. El 15 de abril, el ministro informó que mediante un patrullaje virtual, el Ministerio de Gobierno identificó a 67 personas que “promovían movimientos de desinformación” en las redes sociales y la Fiscalía los aprehendió. Para 37 de los aprehendidos se dictó una condena rápida por atentar contra la salud.
En su parte más sobresaliente, el comunicado de AI dice: “Amnistía Internacional considera que dados los antecedentes de amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y contra periodistas acusados de ‘sedición’; el lenguaje utilizado por el Ministro de Gobierno podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud.
(20/04/2020)
