La Cancillería tiene la autorización para hacer transferencia “público-privadas” con el objetivo de ayudar a bolivianos en situación de vulnerabilidad en el exterior en gastos de alimentación, cremación de restos mortales, productos de limpieza y otros requerimientos durante el tiempo que se extienda la emergencia por la pandemia del coronavirus.
No se estableció el monto que se destinará a ese objetivo ni detalles de cómo se irá a ejecutar la ayuda a los bolivianos en el exterior. El decreto 4223 del 20 de abril dispone la nueva medida en el marco de ley de Prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus que declara de interés y prioridad nacional la lucha contra el virus.
“Se autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar transferencias público-privadas en especie, durante el periodo de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19), destinados a gastos de alimentación, cremación de restos mortales, compra de productos de limpieza, higiene, sanitarios, y otros, a favor de ciudadanos bolivianos en el exterior en situación de vulnerabilidad y/o emergencia”, refiere el artículo único de la norma.
Muchos bolivianos se encuentran en el exterior en situación difícil ya que perdieron su trabajo debido a la cuarentena para frenar la propagación del coronavirus. Hay también connacionales que perdieron la vida producto de ese virus y otros, según testimonios, se resguardan en sus domicilios, pese a su crítica situación, porque están en situación de ilegalidad.
Muchos que se encuentran en países limítrofes están en proceso de retorno, por ejemplo desde Chile.
El Ministerio de Economía asignará un “presupuesto adicional a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, previa evaluación y conforme a disponibilidad financiera, para el cumplimiento del Artículo Único del presente Decreto Supremo”.
La cuarentena nacional en Bolivia se extenderá hasta este 30 de abril, aunque no fue descartada una posible ampliación.
El decreto aprobado el 20 de abril también autoriza a las entidades públicas del Órgano Ejecutivo «adquirir bienes y/o servicios necesarios para apoyar en la mitigación de la emergencia sanitaria a efecto de proteger el derecho a la salud y a la vida». Se les autorizó a realizar «transferencia público-privadas» para cumplir con esa labor.
