Autoridades ediles y dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba denunciaron al Gobierno ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la “criminalización de la cuarentena” y la extrema vulneración de derechos humanos de los pobladores de esa región del país.
“Estamos enviando la denuncia contra el gobierno central ante instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la extrema vulneración de derechos en la región del trópico y en Bolivia”, informó este martes Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochanbamba.
Explicó que la cuarentena declarada para evitar la propagación del coronavirus es posible cumplirla con alimentos en los hogares y medicamentos en casa de los enfermos, pero “no con amedrentamiento, con armamento, sometiendo al pueblo”, dijo.
Ambas denuncias fueron elevadas luego de que en las últimas horas dos autoridades municipales de Villa Tunari, un chofer y un periodista de la región fueron aprehendidos cuando regresaban de Tomina, Chuquisaca, donde entregaron fruta producida en el trópico cochabambino. Los detenidos sometidos a audiencia de medidas cautelares.
A esta acción se suman otras. La alcaldesa de Shinahota, Matilde Campos, denunció la suspensión de actividades en las entidades bancarias y la venta de combustible luego que un grupo de pobladores del municipio expulsó a efectivos de la Policía el jueves de la semana pasada. “En lo ocurrido, no participaron todos los del pueblo, somos más de 20.000 personas y a raíz de esto estamos sufriendo atropellos que atentan contra la salud y seguridad alimentaria”, explicó. Además, los bancos suspendieron la atención por falta de policías.
Asterio Romero, alcalde de Villa Tunari y presidente de la Mancomunidad del Trópico, resaltó que en la región, que aglutina a cinco municipios, se acata la cuarentena desde el 17 de marzo, tras el reporte del primer infectado por coronavirus.
Explicó que trabajan en la desinfección de las casas y en la contención de la enfermedad con recursos propios, sin apoyo del gobierno central. El trabajo, afirmó, fue puesto en riesgo por la llegada de la Policía, sin coordinación previa con autoridades y rompiendo la cuarentena.
Tras el impase, las gasolineras cerraron y no es posible comprar combustible para la atención de emergencias, para sacar la producción desde los chacos y tampoco realizar actividades como la fumigación y limpieza de parcelas.
“Por eso, de manera responsable, decidimos enviar esta nota a instancias internacionales y estamos convencidos que el país debe seguir trabajando en procura de defender la vida, precautelando la salud publica frente al coronavirus, pero también reiteramos el respeto a los derechos humanos”, agregó Rodríguez.
