El retorno de la Policía Boliviana al Chapare cochabambino, tras un acuerdo con cocaleros, no impedirá el proceso penal iniciado en contra de los dirigentes que alentaron la expulsión de 84 efectivos de la región el 16 de abril. Además, se incrementará el número de operativos antidroga, anunció el Gobierno.
“Los procesos, sí van a continuar, este es un delito y los delitos son de carácter público, entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de seguir con estos procesos hasta determinar responsabilidad. Este acuerdo no inhibe de ninguna forma la prosecución de estos procesos” afirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, al programa nocturno A Todo Pulmón que se difunde por Cadena A.
Según Issa, los dirigentes cocaleros no midieron el alcance de sus acciones, pues la expulsión de los policías significó el cierre de entidades financieras y por ende impidió que la gente de Shinahota y otras zonas cobren los bonos que el Gobierno dispuso para enfrentar la cuarentena por la pandemia del coronavirus.
“Las bases presionaron a los dirigentes para que firmen el acuerdo”, reveló Issa, en un contacto vía Skype.
La Policía tiene identificados a al menos tres dirigentes que participaron de las acciones contra la Policía, la pasada semana, pero “las investigaciones darán más luces de más personas involucradas. Esto no frena la investigación hasta llegar a sentencias y establecer responsabilidades”.
Issa precisó que, además, desde Presidencia se ordenó aumentar el número de operativos antidroga en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba. “Es una tarea titánica que estamos haciendo al pelear con un monstruo que todavía es grande en Bolivia”.
Para la autoridad, la expulsión de la Policía del Chapare estaba “tocando intereses”. Según Issa, el retorno de la Policía al trópico cochabambino es “el principio de una nueva etapa”.
