Un artículo publicado por el diario estadounidense Washington Post hace referencia a Bolivia como uno de los países donde el gobierno “castiga” a opositores en medio de la pandemia mundial del nuevo coronavirus.
El reporte titulado “Al amparo del coronavirus, los gobiernos castigan a los adversarios y premian a los amigos”, firmado por Joanna Slater, Anthony Faiola y Niha Masih, hace un repaso a las acciones gubernamentales que fueron observadas por instituciones que defienden los derechos humanos.
“En Bolivia, el gobierno arrestó a docenas de opositores en virtud de un nuevo decreto aprobado el mes pasado”, señala el texto.
La publicación recuerda que el gobierno de Jeanine Áñez, antes de la pandemia, detuvo a “cientos de opositores” y lanzó advertencias a periodistas en una campaña de “pacificación nacional” que dejó al menos 31 personas muertas.
Asimismo, hace referencia a que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo anunció un control cibernético con el objetivo de identificar y enjuiciar a quienes propagan “información errónea” durante el brote de coronavirus. Además que podrían ser acusados de delitos contra la salud pública y enfrentar hasta 10 años de prisión.
Respecto a Bolivia, el artículo recoge las declaraciones de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch. “El gobierno de Bolivia es uno de los casos más claros de un gobierno que aprovecha al máximo esta crisis de salud, esta pandemia global, para perseguir a los líderes de la oposición y restringir las libertades fundamentales”
“No hay transparencia sobre quiénes son, qué delitos supuestamente cometieron o si están siendo defendidos”, dijo en una comunicación con el diario norteamericano el candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce.
Según el artículo, un portavoz del gobierno de Áñez no respondió a una solicitud para ese reporte.
La publicación detalla además la anulación de una condena a un sargento del ejército sentenciado por matar a civiles durante la guerra civil de Sri Lanka. También describe la situación de India, donde las autoridades han perseguido a activistas y periodistas utilizando una ley antiterrorista.
En Camboya, al menos 30 personas, muchas de ellas simpatizantes de la oposición, han sido arrestadas aparentemente por difundir información errónea.
“Parecen estar usando COVID-19 como una cobertura para violaciones de derechos humanos, restringiendo aún más las libertades fundamentales y el espacio cívico, y socavando el estado de derecho”, dijo Michelle Bachelet , alta comisionado de la ONU para los derechos humanos, en un comunicado esta semana.(06/07/2020)
