La administración de la presidenta Jeanine Áñez autorizó la aplicación de procedimientos abreviados para la evaluación de productos transgénicos destinados para el consumo y exportación.
El Decreto Supremo 4232, de fecha 7 de mayo, establece que “de manera excepcional, se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.
Además instruye “tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, realizarán las evaluaciones correspondientes”.
Esta norma fue aprobada pese al rechazo de los productores ecológicos y defensores del medio ambiente. El Artículo 24 de la Ley de la Madre Tierra determina “desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad” y prohíbe “la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.
