Cuando ya está en vigencia el decreto de amnistía e indulto para privados de libertad por razones humanitarias y de emergencia sanitaria contra el contagio y propagación del coronavirus, el Gobierno prepara la socialización de la norma en la población de centros carcelarios.
El decreto fue sancionado por la Asamblea Legislativa el jueves de la pasada semana y fue puesto en vigencia a partir del lunes 4 de mayo. Beneficia a la población penitenciaria con edad igual o mayor a 58 años, a quienes padecen enfermedades terminales, mujeres embarazadas o con niños lactantes, o que tuvieran bajo su cuidado a hijos menores de seis años. Se excluye a personas procesadas por delitos graves como violación, trata de personas, feminicidio, homicidio, secuestro o contrabando y a reincidentes, entre otros.
“Ya está vigente el decreto y en primera instancia vamos a socializarlo a nivel nacional en todos los centros penitenciarios, lo haremos conjuntamente (el Servicio Plurinacional de) Defensa Pública (del Ministerio de Justicia)”, informó, Vanesa Quispe, responsable del Área Legal de la Dirección General de Régimen Penitenciario.
Indicó que para este trabajo se tiene previsto una reunión de coordinación, el lunes 11 de mayo, con el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, instancias que están involucradas en el seguimiento y tratamiento de los procesos judiciales. “Primero haremos esta reunión de coordinación y con base en eso ya iniciaremos la etapa de socialización, la que tendrá una duración de dos a tres semanas”.
La norma tiene vigencia de un año, lapso en el que serán beneficiados los privados de libertad.
Quispe agregó que aún no se tiene una cifra exacta de las personas que serán beneficiadas, aunque según el documento, unos 5.063 privados de libertad pertenecen a los grupos vulnerables y de riesgo citados por el decreto. De acuerdo con datos del Censo Carcelario 2019, los internos de todos los recintos carcelarios sumaban 18.437.
La Defensoría del Pueblo demandó la semana pasada que se desburocratice los requisitos en la norma, para que sean de fácil acceso para los privados de libertad, a lo que Quispe indicó que se simplificaron algunas exigencias. “Antes, por ejemplo, se exigía fotocopia legalizada del mandamiento de condena de la sentencia, ahora sólo es la fotocopia simple; se pide solo el Rejap (Registro Judicial de Antecedentes Penales), solo un informe de juzgado que señale que no tiene otros procesos”.
Precisó que el servicio de Defensa Pública tiene la responsabilidad de armar las carpetas con los requisitos de los beneficiarios, en tanto la Dirección de Régimen Penitenciario deberá emitir las resoluciones administrativas de concesión de la amnistía e indulto, el que será remitido al juez de cada caso para que sea evaluado antes de otorgar la libertad al privado de libertad.
