El Gobierno insistió en que la libertad de expresión “puede estar sujeta a ciertas restricciones” e invocó normas internacionales como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) para defender su decreto 4231 que –aseguró- solo busca “castigar a los perpetradores» de falsas noticias.
“El artículo 19 del PIDCP señala que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de expresión’, pero que el ejercicio de tal derecho entraña ‘deberes y responsabilidades especiales’ y que puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar ‘expresamente fijadas por la ley’ y ser necesarias para ‘la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, expresó en un comunicado emitido por el Ministerio de Comunicación.
No obstante, el comunicado no hace referencia a que el mismo articulado sobre la libertad de opinión y expresión, que tiene cuatro puntos, dice que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones “e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El decreto que desató una serie de cuestionamientos nacionales e internacionales establece en la disposición adicional única: “Las personas que difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
También apela, el Gobierno, al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de Garantías Judiciales que, entre otros aspectos, presume la inocencia de cualquier persona.
En el mismo comunicado, aclaró que el decreto 4231, del 7 de mayo, fue “redactado con el ánimo de proteger a la sociedad de las noticias falsas”. “Las noticias falsas pueden costar la vida. Por ello se quiere castigar a los perpetradores de noticias falsas que matan o multiplican la enfermedad (del coronavirus)”.
Además descartó que alguna intención del Gobierno de Jeanine Áñez de tomar represalias y afectar la libertad de expresión en Bolivia. “Esto no tiene cabida entendiendo que la disposición no crea delitos”.
No obstantes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) piensan diferente, Desde la Relatoría de la CIDH, Edison Lanza aseguró que no comulga con la normativa internacional el “uso del derecho penal para expresiones de interés público”
Tanto la Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron el lunes el decreto de restricción de la libertad de expresión y demandaron su eliminación.
En un pronunciamiento público, dichos organismos aclararon que “un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las resoluciones y decisiones de las autoridades públicas y que garantiza el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión”.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad abstracta por considerar que la norma “profundiza las formas de vulneración a la libertad de expresión”.
“La Defensoría del Pueblo considera que se estarían profundizando las formas de vulneración de derechos a la libertad de expresión por lo que se ha definido presentar una acción de inconstitucional abstracta contra ese decreto”, sostuvo Cruz, el lunes.
