En la cárcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la mayoría de las madres que vive con sus hijos se opone a que se los lleve a casa de parientes como medida de seguridad ante la muerte de uno de los privados de libertad por COVID-19 y varios casos sospechosos.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó de la compleja situación ante el brote del virus en el penal.
“Se están haciendo gestiones para que los niños salgan a otros lugares, donde parientes, pero la mayoría de las mamás no quieren separarse de sus hijos”, explicó en una entrevista en el programa Que No Me Pierda de la red Uno.
Minutos antes explicó que en el caso de los menores de edad podría intervenir la Defensoría de la Niñez y el Servicio de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación de Santa Cruz.
“En Palmasola hay niños que viven con sus padres”, insistió.
En el penal cruceño se confirmó la muerte de un preso por coronavirus y de otros con sospecha de la enfermedad. Nueve presos fueron evacuados a centros hospitalarios por ser casos sospechosos.
Issa recordó que el Gobierno trabaja ahora en la redacción del reglamento del Decreto de Indulto para facilitar la salida de privados de libertad “por razones humanitarias”, como parte de las medidas para prevenir el coronavirus.
Estimó que al menos 2.600 personas se beneficiarán con la medida, un poco más del 10% de la población carcelaria de Bolivia.
Entre los beneficiados están varones mayores de 58 años y mujeres de 55 que tengan delitos menores. También están las internas que tienen más de dos hijos. Issa mencionó que la norma no beneficiará a narcotraficantes, asesinos o violadores.
