La Defensoría del Pueblo observó este sábado que a dos semanas de que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez aprobara el Decreto Supremo 4226, de Amnistía e Indulto por razones humanitarias debido al COVID-19, no existe ninguna persona privada de libertad que haya sido beneficiada, por lo que llamó a seis instituciones a asumir su responsabilidad para que la norma sea cumplida.
“La situación en las que se encuentran las y los privados de libertad en el país requiere que estas instancias de manera urgente cumplan con lo que establece ese decreto, tomando en cuenta los altos índices de hacinamiento que, según cifras oficiales, en enero de este año mostraban la existencia de 18.126 personas privadas de libertad, lo que representa una sobrepoblación penitenciaria que alcanza al 219,30%”, dijo al respecto la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Las instancias citadas por Cruz son el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Régimen Penitenciario, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
Cruz advirtió que la situación “alarmante” de los penales se refleja en lo sucedido en la cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Santa Cruz, Palmasola, donde al menos tres reclusos perdieron la vida por coronavirus, mientras otros cinco fueron trasladados a centros hospitalarios y existen personas aisladas en la penitenciaria.
También recordó el caso del policía de seguridad de la carceleta de Bahía, en Puerto Suárez (Santa Cruz), que también dio positivo y tuvo contacto con los internos de ese recinto. “Estos extremos han generado un estado de emergencia en la población carcelaria a nivel nacional, exigiendo la atención médica inmediata y la realización de pruebas, además de la dotación de implementos de protección personal y fundamentalmente celeridad en sus procesos judiciales”, dijo.
Cruz pidió al TSJ implementar mecanismos para viabilizar el indulto y la amnistía; a la Fiscalía General, emitir de oficio requerimientos correspondientes y las diligencias necesarias para viabilizar cesaciones de detención preventiva; a Régimen Penitenciario, ante la inminente propagación del COVID-19, medidas agiles y efectivas para cumplir con el indulto y la amnistía.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, proyectó el martes que al menos 2.000 privados de libertad se beneficiarán con la amnistía y el indulto en todo el país. El decreto presidencial establece que la amnistía será concedida a adultos mayores que se encuentren con detención preventiva o medidas sustitutivas a dicha detención. En tanto, el indulto será otorgado a los adultos mayores que cuenten con sentencia ejecutoriada, privación de libertad o con beneficio de extramuro, detención domiciliaria o libertad condicional.
