A los detenidos este martes por las denuncias de sobreprecio en la compra de respiradores españoles se los relacionó a uno con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y al otro con el empresario y candidato vicepresidencial de Juntos Samuel Doria Medina.
Fernando Valenzuela, responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, fue relacionado con el MAS ya que llegó a esa cartera de Estado junto a Gabriela Montaño, ministra del expresidente Evo Morales. El diputado Amilcar Barral aseguró que Valenzuela trabajó como jefe de Adquisiciones en la gestión, justamente, de Montaño.
También circuló en redes sociales información del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la militancia del aprehendido en filas del MAS. Transparencia de Salud evidenció que fue –según se informó- ese funcionario el que se encargó de la adquisición directa de la compra de los respiradores.
Geonavi Pacheco, director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), es el segundo aprehendido este martes. Asumió el cargo en abril y se lo relaciona con Doria Medina, candidato a la vicepresidente de Juntos, de la presidenta y candidata Jeanine Áñez.
Según datos publicados fue gerente regional de la empresa Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), donde el empresario fue socio mayoritario hasta su venta. Además fue incluido en un informe legislativo sobre enajenación de empresas públicas.
“Geovanni Pacheco trabajo conmigo, como ejecutivo y responsable en distintos proyectos empresariales hasta hace seis años atrás. Ningún miembro actual de Unidad Nacional participa en el gobierno de la presidenta Añez”, escribió Doria Medina en su cuenta oficial en la red social Twitter.
En otro tuit, posteó: “He leído y oído a algunas personas aludir al señor Geovanni Pacheco, quien está siendo investigado por la compra de 170 respiradores españoles, como enviado mío. Debo aclarar que esto es completamente falso. No tuve ninguna participación en su contratación como Director de AISEM”.
Fernando Valenzuela y Geonavi Pachecho fueron conducidos a oficinas de la FELCC, donde declaran sobre el caso de supuesta corrupción en la compra de los respiradores que -según GPA INNOVA- tienen un precio de 6.500 euros (unos $us 7.000) por unidad, siendo que el Gobierno pagó por ellos $us 27.000 por cada uno de ellos.
