El exministro de Salud Marcelo Navajas fue imputado este miércoles por siete delitos y en horas de la noche fue trasladado a celdas judiciales a la espera de su audiencia cautelar que definirá su situación jurídica. Es uno de los cinco acusados por la compra irregular de 170 respiradores de procedencia española para combatir el COVID-19.
Cerca de las 22.45, Navajas concluyó sus declaraciones en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz y unos minutos después abordó un vehículo en el cual fue conducido hasta las celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), ubicado entre las calles Potosí y Genaro Sanjinés.
Navajas fue imputado por los delitos de malversación, uso indebido de influencias, uso indebido de servicios y bienes públicos, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, y en las próximas 24 horas se instalará su audiencia cautelar. Su defensa aleja inocencia y transparencia en el proceso de compra de los respiradores.
El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, explicó en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno que son cinco las personas imputadas por la denuncia de sobreprecio en la compra de los respiradores, entre ellos un alto funcionario del Ministerio de Salud y tres de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).
El Ministerio Público solicitó detención preventiva para cuatro de ellos y domiciliaria para uno.
Cossío dijo que se convocará al exministro de Salud Aníbal Cruz y al cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, en calidad de testigos, para que aclaren sobre los procesos de contratación.
“Se solicitará a Cancillería su retorno a Bolivia para que presente su declaración”, dijo y dejó abierta la posibilidad de citar, además, a la canciller Karen Longaric.
El embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, también figura en una lista de testigos que configuró el Ministerio Público. Cossío advirtió que este jueves serán emitidas todas las citaciones a los testigos.
Bolivia pagó, por cada uno de los respiradores adquiridos de la empresa española GPA Innova, $us 27.683, cuando el precio de fábrica es de $us 7.099, lo que originó la aprehensión, el martes, del director de AISEM, Geovanni Pacheco, y del director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela. La presidenta Jeanine Áñez pidió una investigación “caiga quien caiga”.
Cossío explicó, en una entrevista en el programa Noches Sin Tregua de Cadena A, que otras “personas fueron traídas a La Paz” en el marco de las investigaciones.
Asimismo, detalló que se conoció que la funcionaria Ana Fernanda E. M. observó la compra de los respiradores y así lo hizo conocer al ex Director de AISEM, pero –según el Fiscal- continuó la transacción. Otros dos funcionarios se opusieron a la compra, uno de ellos renunció y otro fue despedido.
