A pocas horas de la audiencia de medidas cautelares, el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez pidió la detención preventiva del ahora exministro Marcelo Navajas y los otros implicados en la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores para la lucha contra el COVID-19.
No es todo, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, anunció que como parte querellante en el proceso la administración gubernamental solicitará la anotación de los bienes de los implicados en al caso con el fin de garantizar el resarcimiento de daños.
“En esta investigación no hay ningún tipo de impunidad y encubrimiento”, dijo la autoridad en una entrevista en la red Unitel.
“El Ministerio de Justicia está pidiendo la detención preventiva para que no obstaculicen la investigación, para que se garantice su presencia dentro de la investigación y en poco tiempo los llevemos a un proceso judicial donde tendrán que establecer su descargo, y nosotros vamos a establecer sus responsabilidades”.
Más allá de la conciliación que gestione el Gobierno con IME Consulting Global Services, SL, la proveedora de los productos, el “resarcimiento civil debe estar garantizado”, consideró la autoridad gubernamental.
Sobreprecio
El Gobierno ha paralizado el pago del 50% restante por la adquisición de los cuestionados equipos cuyo precio unitario, según contrato, alcanzó a $us 28.080, a diferencia de la oferta en lista de precios de la fábrica, la española GPAinnova, de $us 6.540.
“Y es por eso que hemos solicitado el congelamiento de cuentas y la anotación preventiva de todos sus bienes”, insistió Coímbra, quien observó un sobreprecio de unos $us 20.000 por equipo.
Navajas fue aprehendido el miércoles en su despacho en medio de un fuerte operativo policial y horas más tarde fue destituido por Áñez, a poco más de un mes de su designación.
Aprehendidos
Horas antes habían sido aprehendidos Fernando Valenzuela, exdirector jurídico de esa cartera, y Giovani Pacheco, exdirector de Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), la entidad que se hizo cargo del proceso de compra.
Asimismo, fueron detenidos Ana E. M. y Gabriela P. G., quienes, según la Fiscalía de La Paz, gestionaron el proceso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió y consideró “pertinente” el proceso de adquisición de los equipos.
Estos cuatro últimos apuntan a Navajas como el principal responsable de la compra.
Navajas en el mira
Para Coímbra, “sin duda” el exministro, como titular de la unidad solicitante, “tiene una participación” junto con otro grupo de personas, más si algunos técnicos ya se habían opuesto al negocio por no ser favorable.
Sin embargo, dijo que “eso lo tiene que determinar el Ministerio Público”
“Creemos que son entre ocho o 10 las personas que han participado”, dijo Coímbra, cuyo despacho activó una investigación antes de la denuncia formal en la Fiscalía.
El Ministerio de Justicia también solicitará que el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, declare en la Fiscalía para conocer cuál su postura frente al proceso.
El diplomático deslindó el mismo miércoles su responsabilidad en el caso y también apuntó a Navajas como el responsable.
Un similar pedido hará para el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), David Alberto Pareja, sea citado para que declare como testigo. (21/05/2020)
