La audiencia cautelar contra el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros cuatro imputados por la supuesta compra con sobreprecio de los 170 respiradores, se suspendió este viernes por segunda vez, ante la aprehensión del juez asignado al caso, Hugo Huacani, informó el presidente del Consejo de la Magistratura de La Paz, Aldo Castro.
“El Consejo de la Magistratura (del que dependen los jueces) ha tomado conocimiento del traslado del juez Huacani a dependencias de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) a efectos investigativos. Veremos de qué proceso se trata, por ello se ha suspendido la audiencia cautelar, porque no existe una autoridad que lleve adelante el proceso”, precisó Castro en conferencia de prensa.
Ante ello, la Magistratura emitió un memorándum de suplencia. “Se está notificando al juez suplente y estamos a la espera de que este juez señale el día y la hora para la nueva audiencia”, complementó Castro. “Por razones de orden de notificación, hoy (este viernes) no se va a llevar a cabo la audiencia”, añadió.
Consultado sobre por qué fue aprehendido Huacani, Castro indicó: “existe una denuncia de prevaricato en otro proceso y estamos haciendo el seguimiento correspondiente”.
El acto procesal debía instalarse a las 16.00 de hoy en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia. Esta es la segunda vez que es suspendido. El jueves, la defensa de los acusados pidió aplazarla porque no estaban de acuerdo con que la audiencia sea virtual y pidieron que se lleve a cabo de forma presencial.
Navajas, además del director de la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico), Geovanni Pacheco; el director jurídico del Ministro de Salud, Fernando Valenzuela; y otros dos funcionarios esperaban la audiencia cautelar, pero ante la suspensión seguirán en celdas judiciales.
El exministro y las otras cuatro personas son investigados por el supuesto sobreprecio en la compra de 170 respiradores. La Fiscalía investiga los delitos penales de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud y contratos lesivos al Estado, todos tipificados en el Código Penal.
