Una cláusula del contrato por la compra de los 170 respiradores españoles, estipula que cualquier controversia será sometida y procesada en la Justicia boliviana, precisó a La Razón el Procurador General del Estado, José María Cabrera.
La autoridad sugirió a la firma emitir sus descargos a la brevedad posible.
“No se descarta ninguna acción (contra la empresa) siempre bajo interés del Estado. Entonces el interés boliviano será resguardado, por eso esta empresa (IME Consulting Global Service SL) tiene que aclarar su situación y rendir cuentas ante la Justicia boliviana».
Un dato por demás importante, añadió, es que «el contrato entre la Agencia de Adquisición de Insumos Médicos para Bolivia y la empresa proveedora española (IME Consulting Global Service SL), establece que cualquier controversia se rige por la ley de Bolivia y autoridades bolivianas”, reveló hoy viernes a La Razón Cabrera.
Por la complejidad del caso y la cada vez mayor evidencia de que hubo dolo, el Procurador afirmó que lo menos en que se puede pensar ahora es en el pago de la compra; que lo que corresponde a la empresa española es aportar en esclarecer los hechos.
“La empresa tiene la oportunidad de evitar un proceso penal presentado sus descargos y aclaraciones y sometiéndose a la ley, ante los serios indicios de responsabilidad. Lo menos que ahora puede hacer esta empresa es pretender cobrar algún saldo, más bien debe aclarar su situación”, instó Cabrera.
Este caso se dio porque el Ministerio de Salud compró 170 respiradores básicos, entregados por la presidenta Jeanine Áñez, a un precio unitario, por contrato, de $us 26.080 y un global de $us 4.773.600. Según la Fiscalía, existe un sobreprecio de unos $us 3 millones.
Este caso salpicó a varias autoridades como el Cónsul de Bolivia en Barcelona, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, entre otros.
