Presentado el jueves de manera sorpresiva como “testigo clave” en el escándalo por la compra con sobreprecio de los 170 respiradores, el empresario Fernando Humérez dijo no conocer al exministro de Salud Marcelo Navajas, aunque afirmó que uno de los intermediarios, el español Iñaqui García, “tenía contacto directo” con la otrora autoridad del Gobierno.
“El señor Iñaqui García me reiteró en varias oportunidades que tiene contacto directo con el ministro Navajas”, declaró el jueves ante el fiscal Ruddy Terrazas, según el acta de comparecencia al que accedió La Razón.
Según contó Humérez, un empresario cochabambino ligado antes a la dirigencia del fútbol en el país, hace más de tres semanas recibió una llamada del ahora exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela “para conseguir en el mercado internacional respiradores para ser entregados en un plazo no mayor a 10 días”.
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Inmediatamente después se contactó con el abogado Wálter Zuleta, al que conoció en 2014 en la dirigencia del fútbol, quien luego se comunicó con García. Éste fue quien ofreció el stock de 170 respiradores para atender el requerimiento del Ministerio de Salud.
Transacción
Entre los tres operaron la transacción de los aparatos de industria española.
El “testigo clave” dijo haber tenido contactos previos con el exministro Aníbal Cruz, por un asunto referido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 con varias alcaldías de Cochabamba. “Aníbal Cruz me indica que coordine todas las cosas con el Valenzuela”, reveló.
Así comenzó su relación con Valenzuela, ahora aprehendido y a la espera de medidas cautelares por el sobreprecio en la compra de 170 respiradores Respira Device de la fábrica española GPAinnova a través de la también firma española IME Consulting Global Service SL.
Una vez concretada la compra de los respiradores para el Ministerio de Salud, Iñaqui García se comunicó conmigo vía aplicación Signal “para indicarme que el Ministro está contento con los respiradores y que en el futuro coordinará directamente con él para el requerimiento nuevo de 500 respiradores”, declaró Humérez.
Navajas está también aprehendido y sabrá este viernes su situación jurídica luego de la audiencia cautelar prevista para las 16.30. En declaraciones a La Razón antes de su aprehensión, la exautoridad había dicho que la adquisición “era transparente”, cuando ya se hablaba de un sobreprecio de más de $us 3 millones por la compra de los equipos.
Sin embargo, al ser consultado por el fiscal Terrazas sobre si conoce a Navajas, Humérez respondió: “No lo conozco y tampoco tuve contacto alguno, solo lo vi por medios de comunicación”.
Dato
De manera sorpresiva, Humérez había sido presentado el jueves en La Paz por el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el coronel Iván Rojas, y el fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, como un “testigo clave”.
El miércoles se presentó de “forma voluntaria” en la FELCC de Cochabamba, desde donde fue trasladado a La Paz. El jefe policial había aclarado que el hombre “no fue secuestrado” para las pesquisas.
“El Gobierno boliviano fue estafado por estas empresas españolas”, fueron las primeras declaraciones de Humérez al rato del acto, en el que prometió develaciones.
En su comparecencia más tarde el jueves, contó que hace tres semanas, una vez aceptada la propuesta por el Ministerio de Salud, los tres intermediarios acordaron el precio por cada respirador Respira en $us 20.000 para después subirlo a $us 26.000. “Nuestros honorarios como gestores iban a ser $us 2.000 por respirador y restando al precio final del respirador a $us 6.000”.
“O sea, quiero indicar que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, aclaró Humérez.
Según dijo, su idea era firmar otro acuerdo con García para asegurarse la legalidad de la transacción, “un contrato de asesoría por las comisiones”. “Mi persona tuvo el cuidado de no recibir un solo centavo por adelantado, lo cual me permitió al descubrir la estafa de España constituirme en denunciar estos actos irregulares”.
Ahora está aprehendido. Es la primera persona fuera del Ministerio de Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tienen a cinco funcionarios suyos investigados, implicada en el escándalo.
El Gobierno de Bolivia compró 170 respiradores básicos, que no funcionan aún a pesar de haber sido ya entregados por la presidenta Jeanine Áñez, a un precio unitario por contrato de $us 26.080 y un global de $us 4.773.600.
Según el fiscal Cossío, el sobreprecio asciende a más de $us 3 millones.
(22/05/2020)
