La misión en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDC) llamó a las autoridades a “realizar una investigación pronta” sobre la aprehensión irregular del juez Hugo Huacani, ocurrida el viernes minutos antes de que la autoridad judicial tenía previsto resolver las medidas cautelares de cinco implicados en el escándalo de los respiradores.
“Llamamos a las autoridades competentes por ley a realizar una investigación pronta acerca de las causas y autores que llevaron a la aprehensión del juez con el propósito de evitar que estas acciones se repitan”, señaló el organismo en su cuenta de Twitter en la que, en copia, hizo referencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado.
El viernes, minutos antes de la audiencia de medidas cautelares del exministro de Salud Marcelo Navajas, el exdirector jurídico de ese despacho Fernando Valenzuela y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco y otras dos personas, entre ellas una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el juez Huacani fue aprehendido de manera intempestiva, acción que incluso obligó la suspensión del acto procesal.
Liberada el sábado la autoridad, que apeló la aprehensión con un escrito a pulso, no se supo sino hasta el domingo quién ordenó la aprehensión. Por su lado la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, que propicia el juicio por la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores deslindaron responsabilidades.
Dato
Según información a la que accedió La Razón, la aprehensión había sido ejecutada por el teniente coronel Milán Estrada, oficial de la Policía Boliviana, dependiente del Ministerio de Gobierno.
En sus primeras declaraciones a este diario, Huacani consideró que su aprehensión fue irregular y que un policía no puede ejecutar una acción así por cuenta propia.
“Cuando me han llevado a la fuerza del Tribunal Departamental de Justicia, cuando ingresaba a la sala de audiencias para llevar los casos del Ministerio de Salud, me detuvieron. Ese mismo día, en la noche, hemos identificado al verdadero (autor de la aprehensión) que es Milán Estrada, un teniente coronel, si no me equivoco”, dijo.
Liberado luego, el juez pudo continuar con la audiencia medidas cautelares que concluyó a las 04.30 del domingo. En la audiencia, decidió la detención preventiva de tres meses de Navajas, Valenzuela, Pacheco y el empresario Fernando Humérez, que fue presentado como ”testigo clave” de la trama, en la cárcel de San Pedro de La Paz. Mientras, Gabriela P., consultora del BID, la entidad financiadora de la compra, deberá guardará detención domiciliaria durante seis meses.
“Saludamos la resolución que ordenó la libertad del juez Hugo Huacani que favorece el respeto a la independencia del Órgano Judicial. La protección de la actividad judicial es vital para la vigencia de un estado de derecho y salvaguarda del debido proceso”, dijo la OACNUDH en un segundo tuit.
Escándalo
La semana pasada estalló el escándalo de los respiradores en Bolivia. Se trata de la compra de 170 ventiladores pulmonares modelo Respira Device, de la fábrica española GPAinnova. De acuerdo a contrato entre AISEM, del Ministerio de Salud, y la empresa IME Consulting Global SL, Bolivia acordó pagar $us 28.080 por cada equipo, a diferencia de los $us 7.234 que ofrece la fábrica.
Se conoció que tres intermediarios –dos bolivianos y un español— operaron el negocio, cuyo sobreprecio, según el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, supera los $us 3 millones.
(24/05/2020)
