Mediante una Declaración Pública emitida este viernes 29 de mayo, Amnistía Internacional (AI) “hace un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno a respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar a opositores políticos o a personas percibidas como tales, ya sea a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones”.
Como causa de este reclamo, la institución internacional de defensa de los derechos humanos en primer lugar se refiere a la detención, el 22 de mayo, del juez Hugo Huacani, aprehendido por la Policía poco antes de empezar la audiencia del proceso legal contra los implicados en la compra con presunto sobreprecio de respiradores para la atención de pacientes con COVID-19.
AI recuerda que luego de que la Fiscalía Departamental de La Paz negara que haya dado la orden o haya participado en la detención del juez Huacani, solo el 24 de mayo el Ministerio de Gobierno admitió que fue éste el que dispuso dicha detención.
“El 24 de mayo, el Ministerio de Gobierno admitió en un comunicado haber ordenado su detención (del juez Huacani) por estar en desacuerdo con la decisión del juez de cesar la prisión preventiva de otra persona, procesada en un caso de terrorismo que se sigue contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”, destaca AI en su declaración.
Es este hecho que la institución internacional deplora en el proceder del Órgano Ejecutivo: “Amnistía Internacional considera que la detención del juez Huacani fue arbitraria por estar fundada en el mero desacuerdo de autoridades gubernamentales con una decisión judicial”.
En el comunicado a que alude AI, en relación a la detención del juez Huacani, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno justifica que tanto dicha Dirección como la Policía actuaron “ante un hecho de flagrancia conforme los artículos 237 y 230 del Código de Procedimiento Penal”, y que actuaron “en el marco de la legalidad, encontrándose el presente caso en investigación”. Para el Ministerio de Gobierno, señala su comunicado, la decisión del juez Huacani de cesar la detención preventiva fue “solo con el argumento de los plazos”, y que esto “abre la posibilidad de que se liberen muchos detenidos en situación similar”.
Aparte de protestar por lo “arbitrario” de la detención del juez, Amnistía Internacional demanda que la Fiscalía General del Estado realice una investigación sobre el hecho y lleve a los responsables, “a las personas sospechosas de responsabilidad penal, ante la justicia”.
Pero en su Declaración Pública, AI también deplora “los hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos o a personas percibidas como tales” que el Gobierno aún estaría haciendo. Se refiere específicamente a la declaración que el 23 de mayo hizo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en relación a los ascensos en las Fuerzas Armadas, cuando dijo que la Asamblea Legislativa “está cometiendo un grave delito”, al tratar de “perjudicar a los militares”, y cuando directamente advirtió a los legisladores: “Pero lo que sí deben saber los de la Asamblea, que son pasibles a un juicio por incumplimiento de deberes. Tiene cárcel. Cuidado. Y los diputados y senadores no tienen inmunidad diplomática: Cuidado que mañana estén en la cárcel y digan que es persecución política”.
Este último hecho, señala AI, se suma a otros que con anterioridad denunció como violaciones a los derechos humanos, como las acusaciones de “desinformar” sobre la pandemia del COVID-19, la detención de “67 actores políticos” (declaración del ministro Murillo) acusados de participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual” contra el gobierno, o el propio Decreto Supremo 4200 que en su artículo 13.II señala que serán procesados por delitos contra la salud pública (con penas de 1 a 10 años) quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”.
Por estos reclamos, informa AI, el 26 de mayo de 2020 recibió una carta pública del Gobierno boliviano, firmada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Manuel Suárez Ávila. En la misiva, dice AI, el Gobierno le acusa de “tendenciosa” y de desconocer la actual coyuntura y normativa boliviana y, en referencia a la detención de los “67 actores políticos”, que se habría respetado el debido proceso.
Aquí, AI hace notar que el Gobierno “no proveyó información solicitada por la organización, “es decir, una respuesta a si los procesos penales contra estas personas estuvieron motivados por el artículo 13.II del decreto 4200, los hechos atribuidos a ellas y las circunstancias de sus detenciones, incluyendo información básica como fecha, hora y lugar en que ocurrieron, además de la autoridad que las realizó”.
Para AI es “preocupante” el “ambiente de hostigamiento y amenaza” a opositores o a personas percibidas como tales. Preocupación porque “tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”.
Esto, remarca AI, puede deteriorar la democracia en el país: dicho ambiente de hostigamiento “puede ser percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenacen o censuren opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad”.
(29/05/2020)
