El empresario Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de la presidenta Jeanine Áñez, puso en cuestión el uso de intermediarios en compras estatales, en alusión a una denuncia de contratación de un intermediario para la compra de gases lacrimógenos y balines de goma antidisturbios por parte de la actual administración.
“Una medida preventiva para lograr la mayor transparencia en las compras del Estado es evitar en lo posible el uso de intermediarios. El sector público tiene el volumen de compras y la capacidad necesaria para ir directamente al fabricante o al proveedor”, escribió el empresario y candidato en su cuenta en la red social Twitter.
La red Gigavisión informó que $us 2,1 millones implicó la intermediación en la compra de equipos antidisturbios de la firma Bravo Tactical Solutions LLC, pese a que inicialmente se estaba haciendo la compra directa. De acuerdo a los datos de esa red televisiva, el Gobierno pagó $us 5.649.137,64 por el contrato firmado en diciembre de 2019.
En un comunicado difundido el 1 de junio, el Ministerio de Gobierno negó las acusaciones del programa y advirtió que el periodista Junior Arias “ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política”. Además advirtió con no descansar hasta lograr la retractación del periodista.
En el documento oficial se establece que “se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y las normas”, sin dar mayores detalles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la advertencia del Ministerio de Gobierno a un periodista que denunció un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios.
Otro caso de supuesto sobreprecio es el referido a la compra de 170 respiradores españoles para la lucha contra el coronavirus. De acuerdo a la investigación, la empresa IME Consulting fue la intermediaria para la compra de los equipos. Se estima en $us 2,3 millones el daño económico al Estado y por este caso el exministro de Salud Marcelo Navajas, cuatro funcionarios y un empresario que dijo haber participado de la intermediación, fueron enviados a la cárcel bajo detención preventiva.
