Pese a ser parte de una información clasificada como “seguridad del Estado”, este jueves el Gobierno ha dado detalles de la compra de insumos antimotines y ha rechazado un supuesto sobreprecio tal como informó una red de televisión que a su vez ha denunciado presiones.
El ministro de Defensa, Luis Fernando López, encargado de referirse al delicado asunto, garantizó el ejercicio de la prensa en la fiscalización de los temas concernientes al Estado y otros.
“Un medio de comunicación, por error o por una mala intención, ha denunciado un supuesto hecho de sobreprecio en la compra de material no letal. Estoy aquí como corresponde explicando a quien nos interesa explicar que es al pueblo”, señaló en conferencia de prensa.
“Vamos a demostrar las falsedades de esa denuncia con pruebas fehacientes que seguramente serán parte de cualquier proceso de investigación serio por parte de quien corresponde, en esta caso auditoría o Controlaría”, añadió.
López observó que el periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, quien presentó la denuncia, comparara dos ítems, uno de ellos que no fue adquirido por el Gobierno, y que además corresponde a un producto distinto al adquirido.
También, apunta a la comparación de precios de gestiones distintas que hizo el comunicador con un documento de las fuerzas militares de Venezuela.
Asimismo, cuestionó la veracidad de un documento presentado como prueba y que tiene un “CITE”, una codificación, similar a otro documento que López mostró como original emitido por el Ministerio de Gobierno.
“Esto se encuentra en una investigación porque a la vista salta que tiene el mismo CITE pero otro tenor que afecta y pone en entredicho al intermediario”, remarcó López.
Según la denuncia divulgada por el medio de televisión, un día después de haber invitado a una empresa brasileña para que le haga llegar su propuesta para la provisión de “225.000 agentes químicos”, el Ministerio de Gobierno cambió de criterio y decidió adquirir, “sin demoras ni dilaciones”, el material a través de un intermediario proveedor, la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos.
Carta
La carta firmada el 26 de noviembre de 2019 por Sergio Zamora, director administrativo de ese despacho gubernamental, hace notar a la firma brasileña que la compra de productos no letales de la Policía Boliviana y el Ejército Nacional ya no será a través de su representante en Bolivia.
Finalmente, de acuerdo con la documentación publicada por ese medio, el 20 de diciembre fue el ministro López, quien firmó el contrato con el representante de Bravo Tactical Solutions LLC, Brayan Samuel Berkman.
López explicó que solo su despacho está autorizado para hacer ese tipo de transacciones y si el Ministerio de Gobierno hizo otras gestiones será éste el encargado de referirse al tema.
Además, defendió la legalidad de la decisión de comprar a la firma intermediaria tras mostrar una certificación que envió la fábrica Cóndor con sede en Brasil al Ministerio de Gobierno en el que da cuenta que Bravo Tactical Soluctions “está autorizado a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas”.
Al final, López aseguró que “se garantiza absolutamente la libre expresión de todo el pueblo boliviano” y la labor de la prensa y afirmó que “no hay absolutamente nadie en este Gobierno que entorpezca su trabajo”.
Garantías a la prensa
“No hay absolutamente ninguna intención de que cuando se investigue se les dé la cobertura que requiera; es más, están en la obligación de hacer seguimiento, de investigar, pero también no cometan ese error de ese medio de comunicación”.
Arias se alejó de Gigavision mientras, según el medio, se le otorguen las garantías para su trabajo. En su última intervención denunció presiones y amenazas que han sido cuestionadas por políticos y organismos internacionales.
“Si van a investigar vengan con cosas concretas y fidedignas, porque ésa es la realidad también, la gran mayoría de los periodistas bolivianos hacen su trabajo dentro del marco deontológico y la legalidad. Todos están en todo su derecho de hacer las investigaciones que requieran, el país necesita de medios de comunicación probos”, sostuvo López.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, respaldo esa premisa. «No se niega ningún tipo de investigación, ni mucho menos se perjudica, pero lo que se exige es mayor rigurosidad en el acceso a la información. Fuente confiable evita este tipo de problemas», dijo en referencia a la documentación «alterada» que, aseguró, no corresponde al caso. (04/06/2020)
