Hace unas semanas un grupo de oficiales de la Casa Militar y de la Seguridad Presidencial fue echado a raíz de la filtración de información sobre vuelos irregulares de la FAB que involucraron a la hija de la presidenta Jeanine Áñez y del ministro Yerko Núñez. Otras semanas después, un decreto dispuso el retorno de los policías a las funciones de la seguridad presidencial.
Según información publicada por La Razón el 19 de mayo, el 12 de mayo fueron destituidos de su cargo el jefe de la Casa Militar, el jefe de Edecanes y un mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Dos días después, fueron retirados el jefe de Seguridad Personal de la Presidenta, un oficial de Seguridad Personal de la hija de la Presidenta y el jefe del Grupo Táctico de Caravana Presidencial, además de otros oficiales y personal civil.
Según la denuncia, al Gobierno le molestó que algunos oficiales filtraran fotografías e información vinculadas a vuelos irregulares de avionetas de la FAB en los que Núñez, ministro de la Presidencia, y Carolina Ribera, la hija de la mandataria, fueron acompañados a su turno, y en plena cuarentena, de personas particulares.
“Fueron destituidos injustificadamente por presunta infidencia en todas las actividades realizadas por la hija de la Presidenta en los últimos viajes realizados por la misma en plena cuarentena nacional”, observó un efectivo en conversación con este diario.
En los últimos años, el resguardo de la Presidencia del Estado ha estado marcado por una disputa entre los mandos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas por esas tareas.
Fue vox populi que el día que Áñez tomó el poder efectivos de ambas instituciones se disputaron el control de la seguridad de la mandataria, hasta que un general de las Fuerzas Armadas apareció colocando la banda presidencial a la Presidencia en un acto que no fue conocido sino posteriormente a través de la cuenta de Twitter del entonces senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD).
Luego de muchos años, ahora la institución del orden vuelve a esas funciones.
Según una revisión de las tareas de resguardo presidencial asignadas en las últimas décadas, Gonzalo Sánchez de Lozada prefirió a policías como miembros de ese equipo; Hugo Banzer, a policías y militares, y Evo Morales, a militares.
De USDE a USEDI
El Gobierno acaba de promulgar el Decreto Supremo 4258, que crea la Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI) y asigna a la Policía Boliviana la responsabilidad de la “seguridad y protección de dignatarios de Estado nacionales y extranjeros, y personas importantes en misión diplomática”.
La norma, publicada el jueves 4 en coincidencia con el anuncio presidencial del cierre de los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, sucede a otro decreto firmado por el expresidente Evo Morales, el 3028, del 21 de diciembre de 2016, que creó la Unidad de Seguridad para Altos Dignatarios de Estado (USDE) en reemplazo de la Unidad de Seguridad Presidencial.
Lo particular de la norma es que establece que las operaciones “protectivas” de la USEDI “son de carácter secreto y confidencial”. “Las y los servidores públicos policiales asignados a la USEDI quedan prohibidos de revelar las mismas, salvo orden expresa de autoridad competente, prohibición vigente incluso hasta después del cese oficial de sus funciones”, dice el decreto.
La USDE estaba a cargo del Ejército Nacional hasta hace unos días. Tenía la misión de resguardar la seguridad de la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o vicepresidente del Estado y el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de “dignatarios de Estado y personalidades importantes que ingresen al territorio boliviano como parte de una misión diplomática, organismos internacionales y delegación oficial que así lo requieran”.
Expresidentes, cinco años
Hugo Banzer (1997-2001) había dispuesto la seguridad personal para expresidentes, pero, según el Decreto Supremo 23564, firmado del 21 de julio de 1993 por el entonces presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), el tiempo de resguardo para esas autoridades se redujo.
“Se establece a partir de la fecha la dotación de guardias de seguridad física a favor de todos los presidentes constitucionales salientes, por un período de cuatro años calendario a partir de la cesación de sus funciones”, señalaba la norma.
Más tarde, a través del Decreto Supremo 28288, del 11 de agosto de 2015, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé amplió a cinco años la seguridad personal para expresidentes y exvicepresidentes, e incorporó a exministros, previa justificación.
En medio del debate entonces, su sucesor, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), había solicitado no acogerse a ese beneficio del Estado.
El Decreto 3028 no consignó seguridad para los exmandatarios.
Sánchez de Lozada, policías
En su primer gobierno, entre 1993 y 1997, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada creó la Unidad de Seguridad Presidencial a través del Decreto Supremo 24713, del 22 de julio de 1997.
La característica de la norma es que dicha unidad dependía del Presidente de la República por intermedio del Ministro de Gobierno.
Así, dicho equipo de resguardo presidencial fue conformado por oficiales de la Policía Boliviana y sus tareas se hacían extensivas a las familias de los dignatarios de Estados nacionales y extranjeros, y a las “personas relacionadas con la actividad presidencial”.
Banzer, militares y policías
Banzer prefirió un equipo de seguridad conformado por militares y policías. Así lo dispuso en el Decreto Supremo 24886, del 21 de diciembre de 1997.
Según la norma, los ministros de Gobierno y de Defensa estaban a cargo de la conformación de la llamada Unidad de Seguridad Presidencial, siempre con el fin de resguardar la seguridad de los altos dignatarios nacionales y extranjeros.
A lo largo de la historia, el Palacio Quemado estuvo siempre resguardado por la Casa Militar, encargada a efectivos militares del histórico Batallón Colorados de Bolivia.
