El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, denunció este viernes que la no reanudación de actividades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz impide la retoma del control jurisdiccional y las investigaciones de la Fiscalía en los 60 procesos por corrupción en los que estaría involucrado el expresidente Evo Morales.
La autoridad advirtió con asumir acciones legales, el lunes próximo, si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no viabiliza la reanudación de las actividades judiciales que quedaron suspendidas por la emergencia sanitaria. Explicó que la actual parálisis genera perjuicio también a la población litigante.
“Si no se realiza de manera institucional una salida o una solución para que las personas puedan acceder a la justicia, como Ministerio de Justicia vamos a tomar las medidas que se necesiten. Tengan la seguridad que si hoy viernes los tribunales departamentales no sacan circulares que vayan acompañando la pandemia, el lunes vamos a tomar medidas legales para que los tribunales abran sus puertas”, dijo en conferencia de prensa.
Coímbra explicó que se remitió los memoriales al Ministerio Púbico, que estaba con todas las intenciones de iniciar las investigaciones; no obstante, el TDJ de La Paz no empezó sus labores. “Luego, ellos sacaron un circular para decir que solamente atenderán casos con detenidos, por esta razón hemos ido a Sucre, nos hemos reunido con la sala plena del TSJ y hemos exhortado a que haya uniformidad; primero, en sus circulares y, segundo, que la justicia es un servicio indispensable, que no puede estar condicionado a la pandemia”.
El 9 de junio, el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción entregó memoriales al Tribunal Supremo de Justicia para la reanudación de plazos procesales de los casos.
“El objetivo es recuperar alrededor de $us 750 millones. Entre los casos solicitados para la reactivación, se encuentran temas como el de Fondo Indígena, Neurona, fraude electoral, audio de Evo Morales, caso Entel, taladros chinos, entre otros”, informó el Ministerio de Justicia.
Coimbra indicó que la suspensión de actividades judiciales causa problemas en casos de materia penal, donde no se ejerce el control jurisdiccional, situación que impide actos de investigación ante la falta de labores de jueces.
Agregó que el perjuicio llega a casos de materia familiar, “donde personas no pueden cobrar asistencia; además, existen afectados que buscan acceder a los servicios de plataforma para certificaciones de Antecedentes Penales (REJAP) y del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase)”.
“Hemos manifestado a esta sala (plena) la preocupación y le hemos pedido que más allá del índice de riesgo que pueda establecer un municipio, la justicia ya no puede adecuarse a esos índices de riesgo. Lo que tiene que hacer, así como lo están haciendo los médicos, la Policía, las FFAA, muchas personas que no pueden parar, es tomar todas las previsiones que necesitan para trabajar y abrir los tribunales a la ciudadanía”, aseguró. (12/06/2020)
