Todas las acciones del gobierno de Jeanine Áñez durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus serán evaluadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto de su constitucionalidad, responsabilidades y un eventual procesamiento.
La norma está contenida en las disposiciones transitorias de la Ley de Estados de Excepción aprobada el miércoles por la Cámara de Senadores.
El documento —que pasó a revisión de la Cámara de Diputados— dispone un plazo de 24 horas para que la administración de Áñez remita un informe sobre todas las medidas desarrolladas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país, según cita una nota de prensa oficial.
Una comisión legislativa evaluará el documento para establecer el cumplimiento constitucional, la identificación de las responsabilidades y, en su caso, un posterior procesamiento.
El Gobierno estará obligado a ajustar las medidas en un plazo de 24 horas si quiere evitar que éstas sean suspendidas.
Al conocer los alcances de la ley, la presidenta Áñez consideró en su cuenta de Twitter que la ley “golpea la seguridad de las familias y apoya la violencia del dirigente”.
En general, la ley regulará las declaratorias de excepción bajo tres argumentos: por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas. La norma aclara que no se considera a las movilizaciones sociales o las dificultades financieras como motivo para la declaratoria de un eventual estado de excepción.
Esa decisión será tomada por el Presidente o Presidenta del Estado, con el apoyo del consejo de ministros, a través de un decreto, y comunicada luego, en 24 horas, a la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, este órgano será en un última instancia el que convalide el estado de excepción en un plazo de tres días. Los legisladores, por mayoría absoluta, podrán modificar el decreto o también suspenderlo de inmediato.
La norma dice que durante la medida no deberán ser suspendidos “los derechos a la vida, la integridad personal, políticos, de información, la igualdad y no discriminación, reconocimiento de personería jurídica, prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión”.
Fuerzas. Además, la ley regula la actuación de la Policía Boliviana o las Fuerzas Armadas durante los estados de excepción.
Los servidores públicos, civiles, militares y policiales son los responsables de estos actos, establece el artículo 13, parágrafo I.
“Cualquier servidor público, civil, militar o policial que actúe violando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, pretendiendo ampararse en el estado de excepción, será procesado y sancionado, administrativa, civil y penalmente”, dicta el parágrafo II de ese artículo.
El texto aprobado en Senadores ya se ha convertido en un nuevo motivo de disputas políticas entre el oficialismo y el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El primero en reaccionar fue el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien adelantó que el Gobierno trabaja en los mecanismos para contrarrestar la ley. “Vamos a hacer respetar los derechos de los 11 millones de bolivianos, no vamos a prestarnos a eso”, dijo.
“Pero pueden estar seguros de que ni Policía Nacional ni Fuerzas Armadas se van a prestar a esa payasada”, afirmó la autoridad.
El funcionario consideró que el MAS, a través de esta ley, pretende “desestabilizar el país” y dejar a esas instituciones de fuerza sin margen de acción. “Quieren dejar al país en la indefensión”, reclamó.
En defensa de la ley, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dijo el miércoles que la norma se basa en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y pretende regular “cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”.
