Promulgada la ley de elecciones para el 6 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero consideró que ir a votar en la emergencia sanitaria será como ir a hacer una transacción bancaria.
“De la misma manera que en el banco firma (el ciudadano) la constancia de la operación que ha realizado, así va a firmar el listado de electores que da fe de su presencia y luego inmediatamente la persona se va a retirar del recinto”, justificó Romero en la red Uno.
El titular del Órgano Electoral hizo una analogía entre el acto de votación y una transacción bancaria para referirse al riesgo que el oficialismo denuncia sobre la asistencia a elecciones ahora.
“Van a haber muchas similitudes entre lo que hace una jornada electoral en el momento de votar, como cuando realiza un trámite bancario; es decir, el ciudadano va a mostrar su cédula, como la muestra en el banco. En el sistema bancario está recibiendo billetes, en este caso va a recibir una papeleta que habrá tenido por supuesto un manejo muchísimo más cauteloso. Va a marcar la papeleta, la va a depositar en el ánfora”, explicó Romero.
El ejemplo del vocal fue tomado con ironía por el candidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho, quien en su cuenta de Twitter colgó una fotografía con personas agolpadas en una fila, parafraseando a Romero y con la frase de “el banco”.
Al promulgar la Ley 1304, la presidenta Jeanine Áñez consideró que firma la ley presionada por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en un momento crítico para la salud del país debido al crecimiento de casos de coronavirus.
Este martes, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, secundó a la mandataria al señalar que esas fuerzas políticas y el TSE “serán responsables de todo lo que pueda suceder en cuanto a una mayor propagación del contagio en medio de una campaña electoral”.
La fecha de elecciones fue planteada en un proyecto de ley por el TSE, previo consenso con la mayoría de las fuerzas políticas y con el respaldo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica. La Asamblea Legislativa, domindad por el MAS, convalidó la propuesta en una ley.
