En un manifiesto público titulado “Una llamada para defender la democracia”, divulgado en el mundo este miércoles, 482 personalidades coincidieron en que “la represión no ayudará a controlar la pandemia” del COVID-19 y que ésta “amenaza algo más que la vida y el sustento de pueblos de todo el mundo”.
“La represión no ayudará a controlar la pandemia. Acallar la libertad de expresión, encarcelar a los disidentes pacíficos, suprimir la supervisión parlamentaria y posponer las elecciones indefinidamente no harán nada por proteger la salud pública”, alertaron artistas, periodistas, dirigentes políticos, premios Nobel y expresidentes de línea liberal, entre otros, como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, de Bolivia.
Difícil reto
“Muy por el contrario, estos ataques a la libertad, la transparencia y la democracia harán que para las sociedades resulte más difícil responder rápida y eficazmente a la crisis mediante la acción tanto gubernamental como cívica”, señala el texto facilitado al diario La Razón por Idea Internacional.
Sin mencionarlo, el documento alude duramente a China, en cuya ciudad de Wuhan comenzaron los contagios a finales de diciembre del año pasado. “No es ninguna coincidencia que la actual pandemia haya estallado en un país en donde el libre flujo de información está sofocado y en donde el gobierno castigó a quienes advirtieron del peligro del virus: advertencias consideradas como rumores dañinos para el prestigio del Estado”.
Con la firma de los premios Nobel de la Paz Yunus Muhammad, Rigoberta Menchú y Óscar Arias o de Literatura Svetlana Alexievich y Mario Vargas Llosa; los expresidentes Mauricio Macri (Argentina), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) o Laura Chinchilla (Costa Rica); el director de Human Rights, José Miguel Vivanco, o el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Amagro, entre muchos, el texto recuerda que “la democracia no garantiza un liderazgo competente y una gobernanza eficaz”.
“Sin embargo, la mayor fortaleza de la democracia es su capacidad para corregirse a sí misma. La crisis de la COVID-19 es una alarmante llamada de atención, una advertencia urgente de que las libertades que valoramos se encuentran en riesgo y que no debemos darlas por sentado”, añade.
Plantea que la pandemia constituye un reto global para la democracia. “Los regímenes autoritarios de todo el mundo ven en la crisis de la COVID-19 un nuevo campo de batalla político, en su lucha por estigmatizar la democracia como débil y revertir su avance en las últimas décadas”.
Bolivia
En Bolivia, la emergencia sanitaria rige desde mediados de marzo, cuando aparecieron los primeros contagios del nuevo coronavirus en Santa Cruz (San Carlos) y Oruro, el día 10. A partir de esa fecha, una serie de restricciones fueron dictadas por el gobierno de Jeanine Áñez.
Las elecciones convocadas para el 3 de mayo fueron suspendidas precisamente por la emergencia sanitaria y pudieron ser retomadas sino meses después, cuando –a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo consenso con las fuerzas políticas y el respaldo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica— la Asamblea Legislativa sancionó la ley para la convocatoria a elecciones hasta el 6 de septiembre.
El gobierno de Áñez y su alianza Juntos objetaron la fecha con el argumento de la crisis de salud; sin embargo, ante la presión de los órganos Legislativo y Electoral, además de las fuerzas políticas y la opinión pública, la mandataria promulgó la ley el domingo.
La Presidenta denunció que fue presionada para firmar la ley por Mesa y el Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. (25/06/2020)
