El jueves 25, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) envió al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, un informe que describe, asegura, “el estado de abandono y vulnerabilidad en el que se encuentran los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia ante la presencia de la pandemia del coronavirus”.
En su informe, detalla el Cejis, da cuenta de cómo las acciones emprendidas por los distintos niveles del Estado contra el coronavirus, dejan “al margen el catálogo de derechos que tienen garantizados los pueblos indígenas” tanto en la Constitución boliviana como en la norma internacional.
“La crisis sanitaria por la presencia del COVID–19 ha sido y es gestionada desde el nivel central del Estado sin considerar al mundo indígena y rural, lo cual pone a estas colectividades en una situación de total indefensión y ante el serio riesgo de extinción y etnocidio”, resalta ante la ONU la institución.
Hasta el jueves, los casos de Covid acumulados en Bolivia llegaron a 28.503. De los 58 territorios indígenas que hay en las tierras bajas de Bolivia, 49 están amenazados por la presencia de coronavirus en las capitales de los municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, según el seguimiento que hace de la crisis sanitaria el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Cejis.
En el Informe al relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Cejis reclama que algunas medidas de carácter económico y productivo dictadas por el gobierno transitorio, aparte de ser inconsultas con las comunidades originarias, más bien “les afectan de manera directa”.
Algunas de estas normas son, detalla, los decretos: 4229, que permiten el desarrollo de actividades vinculadas a los sectores industrial, manufacturero y agropecuario, y a las actividades del sector minero; 4245, que amplió la autorización para el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal y explotación maderera. También la Resolución Multi-Ministerial 01/20, que autorizó la reanudación de actividades mineras en el territorio nacional; y, el decreto 4232 que, de manera excepcional, autorizó el establecimiento de procedimientos abreviado para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos.
“A pesar de que en Bolivia gran parte de estas actividades productivas se desarrollan en los territorios indígenas, en las normas promulgadas no se dispuso la implementación de protocolos específicos para su implementación”, explican en el documento.
El abandono de los pueblos indígenas en las tierras bajas de Bolivia, remarca el Cejis, se evidencia en que no se considera el derecho colectivo que tienen estas comunidades, al no consultarles sobre las políticas contra la pandemia; en salud, que no se respondió sus varios pedidos de dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud para enfrentar la pandemia; que no hay un registro epidemiológico desagregado por autoidentificación étnica; en comunicación, cuando no se trabajaron campañas específicas de información sobre la pandemia en los idiomas de los pueblos reconocidos en la Constitución.
En el ámbito económico, durante la cuarentena no se restringió el desarrollo de las actividades extractivas en los territorios indígenas, poniendo en riesgo a estas colectividades; y en Educación, porque el acceso a internet en los territorios es inexistente y las condiciones técnicas hacen difícil el avance de las materias, denuncia el Cejis en su documento enviado a la ONU.
(26/06/2020)
