Con un promedio bajo del gobierno de Jeanine Áñez, la persecución y la “pésima” gestión de la emergencia sanitaria caracterizan a la administración actual, según un estudio presentado el jueves por la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES).
Con base en 140 entrevistas a profesionales, “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, el informe abordó distintas temáticas actuales vía on-line mediante la plataforma SurveyMonkey, entre el 1 y 17 de junio.
La calificación del gobierno transitorio de Áñez es muy baja, un promedio de 2,7 en una escala de 1, “pésima”, al 10, “excelente”. La mandataria llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales en medio de serios cuestionamientos a los resultados de las elecciones del 20 de octubre.
Poco después de comenzar el año, el país se vio afectado por la expansión del nuevo coronavirus, que cambió bruscamente las prioridades del Gobierno. Hasta este viernes son más de tres meses de emergencia sanitaria, con 28.503 casos de contagio en el país y 913 fallecidos.
Candidaturas
En vistas de las elecciones del 6 de septiembre, resistidas inicialmente por la alianza Juntos y su candidata, el informe incluyó el ítem sobre los efectos de la emergencia sanitaria en las candidaturas. Planteó: ¿a quiénes cree que afectará “Más positivamente” o “Más negativamente” la emergencia sanitaria y sus efectos?
El 86% consideró afectará “más negativamente” a Áñez; el 28%, a Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos; el 26%, a Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS); y el 13%, a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC). Al contrario, el 39% cree que afectará “más positivamente” a Camacho; el 23%, a Mesa; el 21%, a Arce; y solo el 2%, a Áñez.
Derechos
Sobre emergencia sanitaria, disidencia y libertad de expresión, el estudio consultó: ¿cuán de acuerdo está usted con la afirmación de que el Gobierno actual está usando la emergencia sanitaria para penalizar la disidencia y la libertad de expresión?
Las respuestas fueron: el 41,9% respondió estar “muy de acuerdo” con esa afirmación; el 29,4%, “de acuerdo”; el 18,3%, “en desacuerdo”; y el 9,5%, “muy en desacuerdo”.
El 14 de mayo, el Gobierno anuló la disposición adicional única del Decreto Supremo 4231, que restringía la libertad de expresión, con la advertencia de quienes incumplan la disposición “serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
La medida fue muy cuestionada por los gremios de periodistas y artistas, especialmente, y llamó la atención de la comunidad internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la no gubernamental Human Ritghts Watch.
En el capítulo de estado de excepción, emergencia sanitaria y derechos, la pregunta fue ¿con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo?
El 51% respondió que “en ningún caso el Gobierno puede suspender derechos constitucionales”; el 36,6% dijo que “el estado de excepción es necesarios, pero debe tener límites y controles”; y el 8,6%, “la emergencia sanitaria justifica la restricción de derechos ciudadanos”.
Según algunos datos, ante la pregunta de si el Gobierno ejerce persecución política, el 76,8% respondió que sí, el 16,1% dijo que no y el 5,1%, no sabe.
Gobierno
Sobre la calificación del Gobierno ante la emergencia sanitaria, el estudio planteó una escala de 1, “pésimo”, al 7, “óptimo”. La pregunta fue: ¿cómo califica usted el trabajo del Gobierno de Áñez ante la emergencia sanitaria por el coronavirus en los siguientes aspectos?
En relación a “la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos”, el 67% de los entrevistados consideró pésima esa gestión; similar calificación tuvo el 53% respecto de los “acuerdos con actores políticos y sociales”; el 46% consideró pésimo el “uso de la fuerza”; y el 41% expresó lo mismo sobra la “coordinación con gobernaciones y municipios; y el 23% opinó igual de la “declaratoria y gestión de la cuarentena”.
Sobre su criterio en relación de la presencia de los militares en las calles para hacer cumplir la cuarentena, el 30,8% se expresó “en desacuerdo”; el 29,4%, “de acuerdo”; el 25%, “muy en desacuerdo”; y el 12%, “muy de acuerdo”.
Por último, ante la pregunta de si el Gobierno ejerce persecución política, el 76,8% respondió que sí, el 16,1% dijo que no y el 5,1%, no sabe.
La emergencia sanitaria interrumpió por algunos meses las elecciones generales que debía desarrollarse el 3 de mayo. Un acuerdo político propiciado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el respaldo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, permitió definir la fecha de los comicios en una ley sancionada en la Asamblea Legislativa.
El domingo, Áñez promulgó la ley y este jueves el TSE divulgó el calendario electoral que ratifica la fecha de las elecciones, fija una eventual segunda vuelta para el 18 de octubre y prevé la posesión de las autoridades electas (Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados) entre el 16 y 30 de noviembre. (26/06/2020)
