La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció que distintas fuerzas políticas gestan una campaña para presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la inhabilitación de ese partido.
“Tratando de tergiversar y manipular lo señalado por la Ley 26 de Régimen Electoral de 2010, se ha desatado una campaña que pretende presionar al TSE con el objetivo de cancelar nuestra personería jurídica”, señaló el MAS en un pronunciamiento público.
El martes 14, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce Catacora, en una entrevista con Enrique Salazar en el canal Abya Yala, dijo que en “una encuesta interna”, además de ratificar el primer lugar del MAS, se pudo establecer una distancia de 18 puntos respecto al segundo aspirante a la presidencia, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y de 22 0 23 puntos sobre Jeanine Añez.
El viernes, la alianza Creemos, que postula a la presidencia a Luis Fernando Camacho, oficializó la demanda ante TSE de inhabilitar al MAS por la difusión de la supuesta encuesta.
Este sábado, el vocero de Juntos, José Luis Bedregal, en radio Panamericana, también anunció que los abogados de su frente preparan la misma demanda contra el MAS.
Mientras el vocero de Creemos, Zvonco Matkovic, advirtió que si no se inhabilita al MAS, el TSE “incurrirá en faltas graves”, que le harán pasible a una demanda penal, Bedregal retó a que el órgano electoral demuestre que no está “parcializado” con el MAS: “Al TSE le queda la responsabilidad y el enorme desafío de hacer respetar la ley, o mostrar que está parcializado por el partido que atentó tantas veces contra la democracia”.
El propio Evo Morales, jefe de campaña del MAS, protestó en sus redes sociales por esos “intentos de algunos políticos” que, en su criterio quieren conseguir, a través de la “proscripción” de su partido, “lo que no pueden conseguir en las urnas”.
El argumento legal de impugnación al MAS es que supuestamente transgredió el artículo 136, parágrafo 3, de la Ley 026, de Régimen Electoral, que en su parte pertinente dispone que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.
Al respecto, en su pronunciamiento, la Dirección del MAS enfatizó que el artículo 136 lo que prohíbe es “difundir estudios de opinión”, cuando lo que habría hecho Arce es participar en una entrevista “en la que el periodista pregunta generalidades y él responde generalidades. En la entrevista no se difundió ningún estudio de opinión”.
El MAS adujo, además, que la entrevista a Arce más bien se ubica en la actividad de presentación de los candidatos en medios de comunicación, donde, insistió, se procede bajo “los principios de acceso a la información, deliberación democrática, participación informada, libertad de expresión y máxima publicidad”.
El pronunciamiento apuntó que fueron otros los candidatos que publicaron encuestas; cita al candidato a vicepresidente de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, en junio de 2020; a la candidata Roxana Lizárraga de Creemos, en febrero de 2020; y las realizadas por el candidato por Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea, en septiembre de 2019.
Al final de su pronunciamiento, el MAS se declaró “en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir al MAS-IPSP” y a sus candidatos.
(18/07/2020)
